El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, respondió a su manera la demanda de la oposición de un diálogo para consensuar un acuerdo bipartidista, que permita restablecer la confianza en las elecciones como medio de solución cívica y democrática de la normal e indispensable disputa política por la conquista y el ejercicio del poder gubernamental.
En vez de atender la solicitud de la oposición, Ortega anunció por los medios oficialistas una oscura e insustancial reforma electoral, que será aprobada unilateralmente por la aplanadora del partido oficialista en la Asamblea Nacional, lejos del pretendido diálogo político que ha demandado el partido opositor.
La propuesta de Ortega es para legalizar los “centros de votación” que ya funcionaron de hecho en las dos elecciones anteriores, los cuales le aseguraron al partido gubernamental el control total de las votaciones y del conteo de los votos, mejorar —supuestamente— el mecanismo de acreditación de los fiscales electorales y conceder a la oposición espacios en dos medios de comunicación del Estado, para su propaganda electoral.
Según el orteguismo, esas reformas responderían a las recomendaciones que hicieron las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea después de los turbios comicios de noviembre pasado. En realidad, no fue por casualidad que Ortega compareció personalmente ante la televisión oficialista, para presentar su iniciativa de falsa reforma, poco antes que su canciller se reuniera en Bruselas, Bélgica, con el Comisario de Desarrollo de la Unión Europea, para pedir la reanudación de la ayuda.
Pero la propuesta orteguista de reforma electoral es una miseria, en relación con las recomendaciones de la OEA y sobre todo de la Unión Europea, la cual en su informe final sobre la observación de las elecciones nacionales de noviembre pasado indica que se “requiere, más que de la adopción de reformas legislativas, que en cualquier caso siguen siendo necesarias, de la existencia de un CSE (Consejo Supremo Electoral) comprometido con los principios de neutralidad, transparencia, independencia y sujeción a la ley”.
La iniciativa orteguista de reforma no apunta a superar los vicios del sistema electoral, mucho menos a recuperar la integridad y credibilidad del Consejo Supremo Electoral. Su propósito más bien es convalidar el aparato electoral fraudulento, maquillarlo con una falsa reforma para aparentar que están cumpliendo las recomendaciones de los organismos internacionales de observación electoral.
Peor todavía, esa propuesta de Daniel Ortega significa una advertencia oficial de que en Nicaragua se ha cerrado el camino para promover el cambio de gobierno por medio del mecanismo institucional, democrático, cívico y civilizado de las elecciones populares libres y transparentes.
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