Ethan Nadelmann
Algo increíble está pasando en América Latina ahora mismo. Después de ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadounidense, líderes latinoamericanos están diciendo “¡basta ya!”. Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que se ponga sobre la mesa la despenalización y la regulación de las drogas.
El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está brindando un liderazgo muy importante en este tema. Como político conservador y exgeneral del Ejército tiene una credibilidad que otros no tienen. Cuando empezó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas de drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era solo una táctica para conseguir más apoyo de EE. UU. Pero Pérez Molina ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero.
Dentro de Guatemala su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el arzobispo Oscar Julio Vian, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall'Anese. Los otros presidentes centroamericanos también están dispuestos a participar en el diálogo sobre nuevas políticas de drogas en el istmo. Incluso se reunieron algunos de ellos el 24 de marzo pasado, para un debate amplio acerca del tema.
Mientras tanto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos parece haber recibido nuevos aires para impulsar el debate gracias a la iniciativa del mandatario guatemalteco. Se reunió recientemente con los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Cartagena el pasado fin de semana.
El presidente mexicano Felipe Calderón también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra el crimen organizado, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico, tiene la mayor autoridad moral para proponer una nueva ruta. Y nadie conoce mejor lo difícil que es alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global —especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo—.
Calderón inició el debate cuando comentó que EE. UU. debía considerar “alternativas de mercado” si no puede reducir su demanda por drogas. Poco después se unió con todos los gobiernos de América Central, Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que establece que si no se puede disminuir la demanda por las drogas ilegales, “las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito”.
Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadounidense. Cuando el vicepresidente Joe Biden visitó recientemente la región, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente a la legalización pero también reconoció, como hizo Obama en 2011, que es un tema legítimo para debatir. Esta declaración fue modesta pero importante, porque al menos envía un mensaje claro a otras autoridades estadounidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario.
El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su ímpetu frente a los esfuerzos ingentes de Washington —tras bastidores— de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de ello. El reto más importante es darle sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo debe ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas.
El mayor obstáculo por el momento es la resistencia de la administración Obama y el Congreso estadounidense a cualquier discusión real sobre el tema de políticas alternativas. Pero el apoyo popular entre los estadounidenses para legalizar la marihuana está aumentando con rapidez del 36 por ciento a favor en 2006 al 50 por ciento en 2011, según una encuesta de Gallup. Y los estados de Colorado y Washington tendrán la oportunidad de votar por la legalización de la marihuana en noviembre.
La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE. UU. hoy en día. Pero quienquiera que se encuentre en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años tiene que participar verdaderamente en este debate, porque ha venido para quedarse.
El autor es Fundador y Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA).
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