Ayer se dio a conocer la información de que el gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, planea triplicar el número de concejales en todos los municipios del país, que pasarán de los 2,178 propietarios y suplentes que son actualmente, a 6,534 que serían después que se apruebe la propuesta gubernamental. En el caso de Managua, el número de concejales saltaría de 19 a 80, con sus respectivos suplentes.
La información fue proporcionada por la cogobernante Rosario Murillo, quien prometió por medio de un portal informativo oficialista que la triplicación del número de concejales no aumentará el presupuesto de gastos de los gobiernos municipales, los cuales, hay que precisarlo, ahora están subordinados al régimen centralista de Daniel Ortega en flagrante violación al principio y la norma constitucional de la autonomía municipal.
Vista desde una perspectiva democrática, la triplicación de los concejales en vez de reducirlos a uno y a lo sumo dos por distrito y/o comarca, como aconsejan el sentido común y la prudencia administrativa, se podría considerar como un error, cuando no un disparate. Nadie que esté en su sano juicio puede creer que la triplicación de concejales no incrementará el gasto municipal y que la misma asignación para sueldos y dietas que se destina ahora a los 2,178 concejales, se mantendría para financiar a los 6,534 ediles que habrá después que se apruebe la ordenanza orteguista. Eso mismo se dijo en relación con la burocracia gubernamental en general cuando Daniel Ortega tomó de nuevo la presidencia de Nicaragua, en enero de 2007, pero ahora la burocracia es mucho más numerosa que cuando los gobiernos democráticos y los sueldos de los funcionarios altos y medios son mayores.
Además, con la triplicación de los concejales la erogación pública en el ámbito municipal tendrá que multiplicarse también por el aumento de las instalaciones físicas, vehículos, combustible, choferes, telefonía celular, personal de oficina, seguridad, etc., que será necesario incrementar para sostener a los más de cuatro mil nuevos concejales que habrá en el país. Y lo peor es que esos nuevos concejales serán realmente activistas del FSLN y los CPC pagados a cuenta de los gobiernos municipales, pues el verdadero propósito que se persigue al triplicar el número de concejales es encubrir el pago de funcionarios del partido de gobierno a expensas de los impuestos y gabelas municipales que se le cobra a la gente que trabaja y produce. Además, con el abultamiento burocrático en las alcaldías aumentará la corrupción gubernamental y será mayor la ineficiencia administrativa.
La propuesta de triplicar el número de concejales será presentada como una iniciativa de ley que discutirá y aprobará la Asamblea Nacional, según la información oficialista. De manera que los diputados de la oposición parlamentaria podrán denunciarla, impugnarla y rechazarla, y hasta podrían presentar alguna iniciativa de ley alternativa en defensa de la autonomía municipal, al menos de sentido testimonial, para desenmascarar la irresponsabilidad populista con la que se manejan los asuntos gubernamentales. Tal vez en este caso los diputados opositores dejan de seguir respaldando las iniciativas oficialistas con obsequiosa y sospechosa unanimidad, y comienzan a actuar como verdadera oposición.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
