El terrorismo es condenable y debe combatirse con energía. Sin embargo, combatirlo no justifica la violación de los Derechos Humanos.
Basándose en los poderes excepcionales atribuibles al presidente “en tiempos de guerra”, Bush promulgó la ley conocida como Patriotic Act (Ley Patriótica) aprobada por el Congreso y dictó la Presidential Military Order, dándole al presidente la facultad de ordenar detener a cualquiera como “sospechoso de terrorismo” sin derecho a abogado, indefinidamente, sin informar sobre su paradero, creando tribunales militares secretos dentro y fuera de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa dictó la Military Commission Order creando tales tribunales militares. La Ley Patriótica da amplios poderes de vigilancia de las telecomunicaciones y permite acceder a los datos personales e intimidad de los ciudadanos.
Las disposiciones relativas a la detención “por simple sospecha” ha llevado a que miles de personas hayan sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos. El derecho elemental de la presunción de inocencia ha desaparecido. ¿Quién puede saber cuántas de esas personas simplemente “desaparecidas” son culpables y cuántas son inocentes?
Los presos de Guantánamo y de otras cárceles secretas en países como Irak permanecen en un “limbo” jurídico, sin derecho alguno. El Gobierno de Estados Unidos afirma que “está en guerra” pero los prisioneros no son tratados ni siquiera como prisioneros de guerra bajo el Convenio de Ginebra. The New York Times ha denunciado múltiples torturas y otras violaciones en Guantánamo.
Esta situación de excluidos los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ha sido condenada por instituciones de las Naciones Unidas (Relator especial de la Comisión de Derechos Humanos y Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias) y por algunos fallos judiciales, por ejemplo el de la Corte de Apelaciones de Londres.
En junio de 2004, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el derecho a los detenidos en Guantánamo y en Estados Unidos bajo las disposiciones de la Ley Patriótica, a “exponer su detención” ante tribunales estadounidenses. Sobre Guantánamo, la Corte reconoció que se halla bajo el control y la jurisdicción de Estados Unidos, desde hace más de un siglo. Pero la misma Corte, contradictoriamente, no ha cuestionado las supuestas facultades del presidente “en tiempos de guerra” que emanan de la Patriotic Act y de la Presidential Military Order y por ocho votos contra uno ha reconocido la “legalidad” de la decisión del Congreso de otorgar al presidente, el poder de detener a las personas sospechosas como “enemigos combatientes” y mantenerlos indefinidamente en prisión sin acusación ni juicio. La Corte tampoco se ha pronunciado sobre el derecho humanitario de los presos de Guantánamo ni les ha garantizado el derecho a un abogado mientras dure la “guerra contra el terrorismo”. Sobre las cárceles militares secretas en Irak y otros países, no dijo nada.
Se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA y específicamente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la 5ª y 6ª enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
El autor es abogado con especialidad en Derechos Humanos
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
