Por Martha Váquez
Representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la Comisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acaban de eliminar varios puntos del Proyecto de Ley del Código Procesal Penal.
Luego de una reunión entre las partes, decidieron eliminar la retención migratoria e interventor judicial en el proyecto de ley. También acordaron el pago de fianza al inicio del proceso.
En el Código Procesal Penal, están involucradas empleadores, empleados y Estado.
De acuerdo con el proyecto de ley, en su artículo 36, a petición del demandante, en cualquier estado del proceso, el juez del Trabajo podrá decretar antes de dictarse sentencia el embargo preventivo de bienes en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de la sentencia, sin oír de previo a la persona contra la que se solicita.
Esto para evitar que el empleador impida la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, desviando u ocultando activos, o para situarse en estado de insolvencia. Mientras que con el Código actual se cita hasta tres veces al empleador para que responda lo que tenga a bien, respecto al embargo solicitado, lo que atrasaba el proceso, aseguran los sindicalistas.
