Por Lucydalia Baca Castellón
Pese a que el proceso de arbitraje para resolver conflictos entre empresas tiene un costo menor y requiere menos tiempo que una causa judicial, son muy pocas las empresas que resuelven sus diferencias a través de esta vía.
Según un estudio realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en los seis años de existencia del Centro de Mediación y Arbitraje solo ha recibido 20 casos, de los cuales se han concluido 15.
Sin embargo, la investigadora Elsy Marenco considera que la cifra debe ser vista como la oportunidad de cambiar patrones jurídicos y culturales en el corto plazo. Los abogados, acostumbrados a litigar, deben adaptarse a este nuevo proceso oral.
HAY CAPACIDAD
Nicaragua cuenta con el marco jurídico y la infraestructura necesaria para desarrollar los procesos. Lo que resta es incidir para que los empresarios, que tradicionalmente buscan el poder judicial para resolver los conflictos, tomen esta opción más expedita, señala José Evenor Taboada, de Funides.
Por su parte Gilberto Alcócer, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), considera que la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, debe reformarse. Incluirle la atención de casos entre mipymes, ya que de la forma en que está redactada parece dirigida exclusivamente a las grandes empresas.
Según Álcocer y José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la reforma beneficiaría la resolución de conflictos frecuentes entre las mipymes, como incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas a contratos de abastecimiento, compra de materias primas, sistemas de distribución o el uso de marcas, entre otros.
Mientras se aprueba esta reforma, el Centro de Mediación y Arbitraje afina aspectos legales de un proyecto especial que permitirá la resolución de conflictos entre mipymes a costos menores, indica el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, Eduardo Fonseca.
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