El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Cartagena de Indias, declaró en vísperas del evento que “es hora de acercar a Estados Unidos y Cuba” y que él está dispuesto a poner “un granito de arena” para lograrlo. Santos dio esa declaración al diario colombiano El Tiempo, en la cual agregó: “Hay que acercar a las partes, que son Estados Unidos y Cuba. Los demás países estamos en la mitad. A mí me gustaría que Cuba hiciera parte de este grupo (es decir, de los gobernantes que se reúnen en la denominada Cumbre de las Américas); creo que a estas alturas no tiene sentido que no esté”.
El presidente colombiano es un gobernante democrático, sin duda. Por eso debió decir también que Cuba debe respetar los derechos humanos de todos los cubanos, aceptar el pluralismo político, tolerar la libertad de expresión y de prensa y permitir la celebración de elecciones libres, que constituyen supuestamente las bases del sistema interamericano del que el régimen castrista ha sido excluido precisamente por ser totalitario y practicar la represión como política de Estado.
Pero la verdad es que la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos no son una preocupación en esta Cumbre de las Américas. Los temas de la agenda de los gobernantes en Cartagena son la seguridad pública, el acceso a las tecnologías, la atención a desastres por causas naturales, reducción de la pobreza y la inequidad, y ante todo, la propuesta de despenalizar las drogas e incluir a Cuba comunista en el sistema interamericano, aunque según se dijo estos dos últimos temas no serán mencionados en la Declaración Final de la Cumbre.
Hace 11 años, en la III Cumbre de las Américas que se reunió del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, Canadá, se aprobó un hermoso plan de acción democrática elaborado en base al reconocimiento de la “interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes”. Y se enfatizó en aquel rumboso plan que “la transparencia y la responsabilidad pública de los sistemas electorales, y la independencia de los organismos responsables de conducir y verificar elecciones libres, justas y regulares, son elementos esenciales para asegurar el apoyo y la participación en sus instituciones democráticas nacionales”.
Esos principios fundamentales constituyeron la base de la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre de ese mismo año. Pero apenas una década después, aquellos documentos de grandiosos principios y compromisos devinieron en papel mojado para los gobernantes de las Américas. Así lo demuestran, por citar un solo ejemplo, los impunes fraudes electorales y el socavamiento de la democracia cometidos por el régimen orteguista en Nicaragua, ante lo cual la comunidad interamericana guarda un cómodo y cómplice silencio.
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