Desde que entró en vigencia la reforma constitucional del año 2000, derivada del pacto de 1999 entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que le permitió al caudillo del FSLN recuperar la presidencia de Nicaragua y asumir después el control de todo el poder del Estado, los nombramientos de los ministros, embajadores y otros altos funcionarios del Gobierno, para tener validez deben ser ratificados por la Asamblea Nacional.
En efecto, de acuerdo con el artículo 138, inciso 30, de la Constitución Política de la República reformada, una de las atribuciones indeclinables e indelegables de la Asamblea Nacional es la de “Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de diputados, el nombramiento hecho por el presidente de la República a los ministros y viceministros de Estado, procurador y subprocurador general de la República, jefes de misiones diplomáticas y presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. El nombramiento solo se considerará firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique. De no producirse la ratificación el presidente de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido”.
Siendo esa disposición constitucional el fruto de una iniciativa compartida y pactada entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, era de suponerse que el caudillo del FSLN la cumpliría escrupulosamente al asumir otra vez la presidencia de Nicaragua, gracias al pacto, y que por lo tanto sometería esos nombramientos a la aprobación del poder legislativo. Pero no ocurrió así.
Durante todo su mandato presidencial legítimo, de enero de 2007 a enero de 2011, Ortega no sometió a ratificación parlamentaria ninguno de los nombramientos de ministros y embajadores que hizo en ese período. Y ahora que Daniel Ortega está ejerciendo la presidencia de Nicaragua sin tener legitimidad constitucional —porque no estaba facultado para volver a reelegirse—, mucho menos que someta a la Asamblea Nacional la ratificación de esos nombramientos a pesar de que 63 de los 92 diputados que integran el poder legislativo son de su partido FSLN, los dos del PLC son obsequiosos con el gobierno y la bancada opositora curiosamente no quiere hacer oposición sino que vota por unanimidad todas o casi todas las iniciativas oficialistas.
Solo el reciente nombramiento del nuevo presidente del Banco Central ha sido sometido por Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, lo cual se debe seguramente a la vinculación que tiene este cargo con los organismos financieros internacionales, con los cuales el gobernante de facto no quiere distanciarse por mera conveniencia económica. Pero esto demuestra que Ortega está consciente de que tiene la obligación de cumplir lo que manda la Constitución, en lo que respecta a los nombramientos de funcionarios de Gobierno y en todos los demás casos pertinentes. Y si no respeta la Constitución es porque le vale un pito y según parece gobernar de manera autocrática y dictatorial le produce algún placer enfermizo.
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