En la actualidad los regímenes autoritarios no surgen únicamente de golpes militares y cuartelazos, como ocurría en el siglo pasado, sino que emanan de elecciones populares. Pero son tan enemigos de la libertad de prensa —y por lo tanto de todos los demás derechos y libertades—, como eran las dictaduras tradicionales anteriores. Solo se diferencian en las formas de proceder.
En general, los gobiernos autoritarios del siglo XXI no clausuran abruptamente periódicos y estaciones de radio y televisión independientes u opositores, ni imponen directamente la censura de prensa, como hacían la dictadura somocista y la dictadura del FSLN de los años ochenta. Los nuevos dictadores se hacen propietarios de la mayor parte de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos; asfixian económicamente a los medios independientes, reduciéndoles al mínimo las pautas publicitarias del sector público o negándoselas del todo; los extorsionan con presiones fiscales, aduanales e inclusive laborales. El objetivo de las nuevas dictaduras es llevar a la quiebra a los medios independientes u obligarlos a practicar la autocensura, para impedir la crítica pública y la denuncia de la corrupción gubernamental.
Tal es el caso del diario LA PRENSA, que bajo el actual régimen de Daniel Ortega ha sido víctima de presiones extorsivas de diversa clase, incluyendo una falsa e ilegal demanda laboral de un grupo de exrepartidores de suscripciones que prestaban ese servicio mediante contratos externos, no como trabajadores regulares de LA PRENSA. Esos excontratistas externos, azuzados y respaldados por el aparato sindical, ministerial, judicial y mediático del Estado se dieron a la tarea de asediar las instalaciones de LA PRENSA —ante la indiferencia cómplice de la Policía—, para boicotear la distribución del periódico y causarle cuantiosos perjuicios económicos.
En esas circunstancias LA PRENSA se ha visto forzada a llegar a un acuerdo con los antiguos repartidores de suscripciones, a fin de garantizar la distribución del periódico de manera fluida y puntual, como lo requieren con todo derecho nuestros lectores, suscriptores, agentes distribuidores, anunciantes y público en general.
Debemos reiterar que, tal como lo hemos denunciado antes en el país y en instancias internacionales, LA PRENSA es víctima de la arbitrariedad y el chantaje del poder autoritario que impera actualmente y por ahora en Nicaragua. Pero también hacemos constar que las presiones extorsivas y las arbitrariedades gubernamentales, no han impedido ni impedirán que LA PRENSA siga cumpliendo con entereza su deber de informar con apego a la verdad, y de defender los valores de la libertad, la democracia, la justicia y los derechos humanos.
El Diario LA PRENSA expresa por este medio un profundo agradecimiento a sus amables y fieles lectores, a sus estimados anunciantes y a todas aquellas personas e instituciones de dentro y fuera de Nicaragua, que le han manifestado su generosa y alentadora solidaridad.
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