Lucía Navas
El sector privado nicaragüense está optimista en que empresarios extranjeros sean atraídos a invertir en diferentes proyectos portuarios, al ofrecer el país un nuevo marco legal en esa área.
El cambio es para trasladar a Enatrel la responsabilidad del Programa Nacional de Electrificación, Sostenible y Energía Renovable, del Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica (Fodien) y todos los proyectos de electrificación rural y urbano.
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Y es que la Asamblea Nacional estará aprobando entre hoy y mañana la nueva Ley General de Puertos, la cual ha sido demandada por inversionistas nacionales y extranjeros. Uno de esos capitales es la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, la cual realiza estudios de factibilidad para construir el megaproyecto Puerto Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), valora como positivo que la ley portuaria nacional se está armonizando con las existentes en otros países.
La nueva ley elimina la exclusividad del Estado en las inversiones en los puertos y se permite a los privados desarrollarlas por medio de concesiones de las obras hasta por 20 años.
Fonseca explica que requiriendo la construcción o modernización de las áreas portuarias millonarias inversiones, “muy difícilmente el Gobierno puede asumirla”, por lo que en la mayoría de los países se buscan inversionistas privados donde muchas veces son consorcios. “Pero recuperar esa inversión toma tiempo y ese plazo de la concesión creemos es adecuada”, dijo.
Fonseca destaca que la Ley General de Puertos cuenta con el consenso entre el sector privado, Gobierno y diputados. De acuerdo con el dictamen de ley de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, será la Empresa Portuaria Nacional (EPN) la que otorgará las concesiones, pero será la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) la facultada para autorizar la operación de los puertos.
