Los tranques de carreteras por parte de los militares retirados sandinistas que se autodenominan “defensores de la patria”, quienes respaldan de esa forma extrema sus demandas al Gobierno, motivan en la ciudadanía sentimientos variados.
Algunos ciudadanos ven con simpatía esas protestas de los militares retirados sandinistas, pues consideran justo su reclamo de que el Estado los indemnice por los servicios armados que prestaron al FSLN, a la revolución y, según ellos, a la patria. Opinan que si el antiguo comandante revolucionario y después contrarrevolucionario, Edén Pastora, quien ahora es un funcionario gubernamental muy allegado a Daniel Ortega, ha sido premiado con una propiedad millonaria que fue arrebatada por el Estado a otras personas que alegan con documentos en mano ser las legitimas dueñas, ¿por qué entonces no reconocer que aquellos militares sandinistas retirados que carecen de fortuna y hasta de empleo fijo, tienen derecho de recibir una modesta compensación económica o patrimonial también a cuenta del Estado?
Por el contrario, quienes no simpatizan con las protestas de los militares sandinistas retirados consideran que el Estado no debe gratificar con fondos públicos a quienes en realidad no lucharon por el pueblo, sino para que un partido político, el FSLN, tomara el poder y lo mantuviera después a cualquier precio. Y en todo caso, esos ciudadanos se preguntan justamente por qué los militares sandinistas retirados no ponen los tranques alrededor de la casa de Daniel Ortega, quien es el que está en deuda con ellos y debería responder a sus exigencias.
Finalmente, hay quienes respaldan a los militares retirados que trancan las carreteras porque le causan problemas al régimen orteguista y, aunque sea en una dosis pequeña, Daniel Ortega está probando la misma medicina que él recetó a los gobiernos democráticos cuando estaba en la oposición y “gobernaba desde abajo”.
La verdad es que el problema de los tranques de carreteras por parte de los militares sandinistas retirados, da para muchas y variadas opiniones. Sin embargo, lo más importante es que los fastidiosos tranques violentan una garantía constitucional básica y un derecho humano fundamental, como es la libertad de circulación que necesitan las personas para movilizarse por todo el territorio nacional y por el motivo que sea.
Quienes utilizan las carreteras, calles, avenidas y otros espacios públicos como escenarios para plantear sus protestas y demandas —cualquiera que sea su causa e independientemente de que sus reclamos sean justos o no—, atentan de manera flagrante contra la libertad y los derecho de todas las demás personas ajenas a los problemas que motivan las protestas y tranques, y que no les interesan. Además al obstaculizar la libre circulación de las personas y el transporte normal de mercaderías en las carreteras y caminos del país, quienes ponen los tranques causan un severo daño a la economía nacional, a los comerciantes y a la mayoría de los nicaragüenses en términos generales.
Pero en Nicaragua no hay ahora autoridad que proteja los derechos de los pacíficos ciudadanos trabajadores.
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