Martha Vásquez
La empresa Consovipe SA se quejó ante la Corte Suprema de Justicia de las actuaciones de la juez Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua, en un proceso de embargo ejecutivo tramitado por la empresa denominada Compañía de Ingenieros Especializados SA (Ciesa), por una deuda de más de dos millones de dólares.
Según Erik Quiñónez Peña, apoderado legal de Consovipe SA, en el embargo que afectó varias cuentas bancarias de su cliente la litis proviene de un Laudo Arbitral, donde tres especialistas ajenos a ambas empresas decidieron que el Consorcio Santos CMI-Hogares Sovipe, ajeno a Consovipe, le adeuda más de dos millones de dólares a Ciesa por obras de construcción realizadas en la Planta Eléctrica de 27 MW en Puerto Sandino, hace más de 11 años.
“La juez ha actuado contra ley expresa, desde el momento de mandar a ejecutar sentencia sin cerciorarse que no era para nuestra empresa, sino contra una sociedad que ya no existe”, alegó el abogado.
Además explicó que hubo vicios en el nombramiento del interventor y que este se extralimitó en sus actuaciones con la aprobación de la juez, al extraer 40 mil dólares de las cuentas bancarias. “Consovipe no tiene nada que ver en ese laudo, la juez se extralimitó al cambiar lo que decía el Laudo, al agregar entre paréntesis el nombre de mi cliente”, agregó Quiñónez.
RECURSOS
Mientras tanto Roberto Urroz, representante de Ciesa y nombrado interventor judicial en el caso, expresó que el mandamiento de ejecución de pago que hizo la juez contra Consovipe fue “por la responsabilidad solidaria”, como componente del consorcio originalmente demandado por la deuda.
Sin embargo, Consovipe, además de quejarse ante la Corte por las actuaciones que consideran irregulares de la juez, también ha introducido un recurso de nulidad perpetua de todas las actuaciones realizadas por Chica Larios e introdujo un Recurso de Amparo contra sus actuaciones, que se tramita en la Sala Constitucional de la CSJ.
Esta juez también fue señalada en caso reciente por el estadounidense Roland Elnecavé porque les mandó a anular el embargo del hotel Crowne Plaza, que tenían por deuda de más de dos millones de dólares, alegando un tecnicismo que a criterio del empresario bien podía reparar mediante otro recurso.
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