Martha Vásquez
La decisión sobre la entrega o no de la avioneta modelo ABG 402 decomisada a narcotraficantes en el 2010 y propiedad de la empresa Safiasa de capital mexicano, según expediente fiscal, será decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua, aseguró Rafael Solís, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Según expediente judicial, el juez Octavo Distrito Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, giró un oficio el 22 de febrero ordenando la entrega de la avioneta antes de la audiencia de lectura de sentencia de los implicados.
El 23 de febrero, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía inmediatamente introdujeron un recurso de reposición, para que el juez corrigiera su error. Ese mismo día el juez convocó a audiencia de lectura de sentencia y citó a audiencia para discutir el recurso de reposición el 27 de febrero, ese mismo día dejó sin efecto el oficio del 22 de febrero.
“El doctor emitió una resolución sobre la base de que la avioneta no tenía nada que ver con el caso, porque estaba en arriendo a este grupo, pero por la propia política de combate al narcotráfico él mismo revocó la sentencia”, dijo Solís.
El judicial ordenó que aunque la avioneta no era propiedad de los narcos, sino que la tenían en arriendo, se mantuviera en manos de la Fuerza Aérea del Ejército, hasta tanto el Tribunal de Apelaciones no resolviera lo contrario.
Según Solís el “malentendido” no causó roces entre el poder ejecutivo y su lucha contra el narcotráfico y el poder judicial, solo fue una “apreciación del juez” que se corrigió.
“Que sea el TAM el que determine si el arriendo entre la empresa privada y los narcos era verdadera, mentira o simulada y en todo caso que decidan, pero no hubo contradicción. Además eran cuatro o cinco las avionetas”, agregó Solís.
La polémica aeronave es parte de las cinco medios aéreos decomisadas por la Policía Nacional durante la operación Chichiltote, en diciembre del 2010.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
