El martes, 7 de febrero, el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Senado de los Estados Unidos celebró una audiencia para dialogar con cuatro candidatos de la Administración Obama, destinados para ocupar embajadas en Latinoamérica. La audiencia la presidió Robert Menéndez, una de las figuras cimeras del Partido demócrata en el Congreso estadounidense y senador para el estado de New Jersey. El otro protagonista fue Marco Rubio, senador republicano por la Florida. Ambos son de origen cubano y pesos pesados en sus respectivos partidos. Y contrario a lo que algunos especulan en Managua, Menéndez no está retirándose de la política. Es candidato para reelección en noviembre y nunca ha perdido una elección.
¿Qué pasó en la audiencia?
Primero, aunque comparecieron cuatro candidatos para embajadores, es obvio que los senadores Menéndez y Rubio utilizaron este foro para enfocar la problemática de Nicaragua dentro del marco más amplio latinoamericano.
Segundo, aunque sus interlocutores fueron los cuatro candidatos y, en especial, la embajadora Phyllis Powers, candidata para encabezar la embajada en Managua, los senadores se estaban dirigiendo también al menos a tres grupos: el Departamento de Estado, el Gobierno del Comandante Daniel Ortega y el pueblo nicaragüense.
Tercero, los mensajes de los dos senadores coincidieron reflejando el consenso que existe en el Congreso en cuanto a Nicaragua.
Cuarto, en cuanto a Latinoamérica, hicieron notar que, por diversas razones, los Estados Unidos había descuidado a Latinoamérica. Señalaron, además, que en las últimas décadas la región había retrocedido políticamente. Según su criterio, antes solo un país, Cuba, no era una democracia. Ahora existían al menos tres dictaduras, incluyendo Nicaragua a partir de las elecciones del 6 de noviembre. Es más, indicaron que estos tres países Cuba, Venezuela y Nicaragua— eran abiertamente países que adversaban a los Estados Unidos y que tenían amigos, especialmente Irán, que eran estados terroristas y enemigos de los Estados Unidos.
Quinto, en cuanto a Nicaragua, su discurso fue especialmente duro. Después de dar pruebas de la degradación de la gobernabilidad en Nicaragua, Menéndez afirmó que había llegado el “momento de despertarse” a lo que estaba pasando en nuestro país. Rubio añadió que los nicaragüenses se sentían avergonzados de la defensa que Daniel Ortega hacía de Gadafi en Libia, de Assad en Siria y de Ahmadineyad en Irán. Advirtió que existía una “línea roja” que no toleraría que cruzase el gobierno de Daniel Ortega: la de un acercamiento adicional a Irán.
Sexto, Menéndez advirtió que de no revertirse el retroceso de la democracia en Nicaragua, nuestro país sufriría consecuencias económicas. Comentó que era el colmo que el representante norteamericano en el Banco Interamericano no se había opuesto a un préstamo de 45 millones de dólares rápido desembolso para Nicaragua días antes de las elecciones fallidas del 6 de noviembre y apoyó la decisión reciente de la secretaria Clinton de examinar agresivamente futuras operaciones para Nicaragua en las instituciones financieras internacionales basadas en Washington en donde Estados Unidos es el principal accionista.
Séptimo, en su diálogo con la embajadora Powers, Menéndez subrayó que no quedaría satisfecho si la línea de la diplomacia estadounidense en Nicaragua solo fuese presionar para que el Gobierno nicaragüense implementase las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA, misión que el senador criticó. Ambos acordaron que la embajada en Managua acuerparía al pueblo nicaragüense en alcanzar sus aspiraciones democráticas. Y en una amenaza no tan velada, ambos también acordaron que la embajadora Powers le daría prioridad a los reclamos de ciudadanos norteamericanos confiscados por los sandinistas y que el Departamento de Estado sería riguroso en su evaluación del progreso en este tema antes de otorgar el “waiver” de la propiedad a finales de julio.
Finalmente, pareciera que el camino hacia la ratificación de la embajadora Powers está allanado. Es decir, ambos senadores han optado por tener una presencia estadounidense de alto nivel en Managua, pero por una presencia que adelantará vigorosamente una agenda democrática que incluirá respeto para temas básicos como la libertad de prensa.
En conclusión, ambos senadores señalaron que hay inconformidad en Washington con el retroceso en la gobernabilidad en Nicaragua y con la política internacional del comandante Ortega. Y ambos advirtieron que de no haber progreso en ambas áreas, habría consecuencia negativas económicas para Nicaragua. Esta es, como se dice, la realidad objetiva de lo que pasó en Washington en la audiencia del 7 de febrero.
El autor es ex Canciller de Nicaragua.
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