San José/ACAN-EFE
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, juramentó hoy oficialmente a un grupo de brigadas que trabajan en la protección del medio ambiente y la prevención de incendios forestales en la zona fronteriza con Nicaragua.
Los voluntarios, unos 800, empezaron a trabajar desde finales de enero pasado en la protección del ambiente, especialmente en las cercanías de una carretera de lastre de 120 kilómetros que el país construye al sur del río San Juan y que ha unido a una veintena de comunidades, lo que también ha facilitado la llegada de electricidad y telefonía a la remota zona.
Chinchilla recibió y juramentó en la Casa Presidencial a las 14 brigadas, integradas por voluntarios y bomberos forestales, y les pidió que velen por los recursos naturales y que no caigan en posibles «provocaciones» de los nicaragüenses.
«Esto simboliza que Costa Rica no claudica en la defensa de su soberanía. Costa Rica aprovecha las crisis para mejorar su nivel de desarrollo y defiende todas las variables ambientales en sus obras», dijo Chinchilla en el evento.
Los voluntarios cumplen su labor los fines de semana.
Costa Rica y Nicaragua se mantienen distanciados desde octubre de 2010 cuando el Gobierno costarricense acusó a su vecino de invadir con militares y civiles una porción de lo que Costa Rica llama “isla Calero”, un islote de sedimento ubicado junto a Harbour Head, territorio de Nicaragua, ubicado en la zona fronteriza.
Costa Rica afirma que con las obras de dragado del fronterizo río San Juan Nicaragua causó allí graves daños ambientales a un humedal protegido por convenios internacionales, mientras el Gobierno nicaragüense asegura que ese territorio le pertenece.
El asunto está desde diciembre de 2010 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la cual también acudió Nicaragua en diciembre pasado para demandar a su vecino por daños ambientales al río San Juan, provocados por la construcción de la carretera.
El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, ha dicho que no existen daños ambientales y que todo se trata de una «cortina de humo», lanzada por el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega para «distraer la atención» de los «problemas internos» de ese país.
