Por ejemplo, en 1580 el carpintero Maese Simón fue acusado por decir que “no le gustaban las fiestas de la Iglesia porque no se podía trabajar y, además, por tener correspondencia con piratas ingleses”.
Joseph Manuel Virto y Joseph Gregorio Ibarra (“Los Chepes”), en 1786 fueron procesados en Rivas “por estar maculados por el pecado nefando contra natura”, es decir, sodomía.
En León Viejo en 1536, el homosexual Andrés Caballero, fue quemado vivo por orden del alcalde Diego de Tapia, muchísimo antes de que se fundase formalmente la Inquisición. En 1721, Juan Gutiérrez fue acusado por haber obtenido unos polvos para unirse carnalmente con Francisca de Mena.
[/doap_box][doap_box title=»Las malas actuaciones se deben castigar» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Según García Quintero, hay malas actuaciones de todo tipo, desde violentar la Constitución Política hasta enriquecimiento ilícito, pero los procesos en contra del funcionario no se llevan a cabo.
El jurista recordó que hace algunos años, antes de la revolución sandinista, en la legislación del país existía la figura conocida como “injusticia notoria”, que era como un recurso que tenían las partes para que se enmendaran las actuaciones de los judiciales que estaban fuera de toda lógica, pero que hoy en día no existe algo similar y los usuarios de la justicia solo pueden echar mano de los recursos de apelación, casación y otros, pero que no van específicamente en contra de fallos o resoluciones absurdas, sino contra todas las arbitrariedades de un proceso normal.
El magistrado de la Corte, Marvin Aguilar, dijo que sí se castiga a los malos jueces y lo han hecho en todos los tribunales del país, de casos que inclusive han sido publicados en los medios de comunicación, especialmente por liberaciones de narcos.
[/doap_box][doap_box title=»“Errores humanos o por maldad”» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
El judicial asegura que desde la Escuela Judicial se capacita no solo a jueces, sino también a otros operadores de justicia, como policías, forenses, fiscales, defensores públicos, abogados litigantes y hasta a docentes de las universidades que sirven la carrera de Derecho en todo el país.
Además —explica Aguilar— Nicaragua tiene una buena biblioteca de leyes jurídicas de suficiente calidad como para asegurar que los procesos judiciales en el país sean lo más transparente, ágiles y con fallos apegados a lo que dice la Ley.
El problema —dice el magistrado— es que “errar es de humanos” y si hay errores es porque los funcionarios judiciales a veces pueden desconocer las leyes, alguna omisión involuntaria o simplemente “por maldad”.
Para el exmagistrado de Apelaciones, Alfonso Dávila Barboza, el problema podría radicar en la forma en que se escoge a los funcionarios del sistema de justicia, casi siempre porque son miembros de algún partido político predominante, sin exigirles demostrar sus capacidades o su formación como profesionales.
“Los funcionarios judiciales deben ser seleccionados por su capacidad y trayectoria que revele total dominio de las leyes y los procedimientos”, indicó Dávila Barboza.
El magistrado Aguilar indicó que ahora hay una carrera judicial que dicta la manera en que se debe escoger a los funcionarios judiciales, especialmente por concurso, pero que la misma ley da el margen para que se nombre directamente a algún juez o magistrado. “Esa ley la hizo la Asamblea”, dijo.
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Eduardo Cruz
En 55 minutos el pelotero Jimmy González pasó de ser un acusado de violación a casi una víctima. Fue el 8 de noviembre de 2011, en un juzgado de Granada. A las 12:25 del mediodía frente a él tenía a la persona que lo iba a acusar, el fiscal Gerardo Barrera. A las 1:20 de la tarde ya estaba libre de todo cargo.
En medio de la escena se encontraba una niña de 13 años, ya convertida en madre de un bebé de 10 meses. También una prueba de ADN afirmando que en un 99.99 por ciento de posibilidades González era el padre del bebé.
Meses atrás, en septiembre del 2010 y con la ayuda de su abuela, la niña había denunciado por violación al beisbolista.
El Instituto de Medicina Legal emitió una valoración determinando que era convincente el relato de la víctima, quien narró que ella se encontraba en la casa del pelotero y que éste llegó en la madrugada a la cama donde ella dormía, la tocó y luego la sometió sexualmente.
Aquel mediodía se esperaba que la Fiscalía acusara con rigor a González, sobre quien pesaba una orden de captura que nunca se cumplió: la Policía alegó que jamás lo halló en su casa, a pesar de que siempre se le podía ver en los estadios entrenando o jugando partidos de beisbol.
El fiscal Barrera dio la sorpresa ese día, pidiendo que se rechazara la acusación porque así lo habían pedido la madre y la abuela de la víctima, porque la niña había contado “la verdad”.la verdadla verdad
Pero, ¿cómo absolver de los cargos de violación a un hombre mayor frente a una niña con un bebé y un examen de ADN que demuestra que él es el padre y en un delito para el cual no existe mediación?
Pero,
Pues con “la verdad” de la niña, que la madre y la abuela contaron al juez Armando Mejía y según la cual todo había ocurrido en una discoteca, que ella masturbó a González y que no sabía que con “pasarse la mano” iba a quedar embarazada. Resultado final: el juez rechazó la acusación y revocó la orden de captura contra el deportista, porque la propia Fiscalía no iba a continuar acusando, aunque dejó claro que el caso todavía no podía considerarse como “cosa juzgada”.
Extrajudicialmente el pelotero había llegado a un acuerdo con la familia de la víctima, planteando que si él quedaba preso no iba a poder ayudarles económicamente.
“Casos así ocurren todos los días en los juzgados de este país”, dice un defensor público quien no quiso que se revelara su nombre porque dijo que después otros funcionarios judiciales toman represalias.
“Culpable, pero quedás libre”
Hasta los funcionarios que trabajan en el sistema de justicia son víctimas de lo mal que funciona, de lo cual puede atestiguar la fiscal Stephanie Pérez Borge.
Seis años de maltrato vivió Pérez a manos de quien era su esposo, Manuel Rocha Castillo. A la fiscal le fue difícil llevar ante un juez a su agresor, quien laboraba en el poder judicial y era defendido por el exmagistrado de Apelaciones Enrique Chavarría.
Lo insólito ocurrió cuando en marzo del pasado año 2011 el juez de Managua, Tomás Eduardo Cortez, declaró culpable a Rocha y lo condenó a tres años de cárcel, pero lo dejó libre por el extraño requisito que puso: la pena debía cumplirla hasta que la sentencia estuviera firme, es decir, hasta que fuera apelada y luego llevada hasta la Corte Suprema de Justicia, un proceso que en Nicaragua puede demorar años.
Un juez que no sabe contar
Muchas de las incongruencias de los operadores del sistema de justicia son más visibles en casos de índole política y así le ocurrió al concejal opositor de la Alcaldía de Managua, Luciano García, quien por haber denunciado por actos de corrupción a la alcaldesa Daysi Torres y al secretario Fidel Moreno, fue querellado por injurias y calumnias, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) no quiso investigar el caso.
Eso no fue lo más insólito del caso, sino que una vez declarado culpable, García fue condenado por el juez Ernesto García a pagar una multa de 800 mil córdobas, a través de un cálculo aritmético que violaba el Código Penal del país.
La pena era de 300 días multa. El Código Penal establece que “un día multa será calculado sobre la base de una tercera parte del ingreso diario del condenado”, y como el juez calculó el salario de García en 40 mil córdobas, la multa por cada uno de los dos delitos iba a ser de 233 mil córdobas por cada uno, en total 466 mil córdobas, pero no 800 mil a como dictó el judicial.
Un día después, el 28 de junio del pasado año 2011, el juez Rodríguez tuvo que rectificar el cálculo, en el cual estimó en 64 mil córdobas el salario del concejal y determinó el nuevo monto de la multa en 215 mil 953 córdobas por cada uno de los dos delitos. “Fue un error material”, dijo el juez sobre el primer cálculo que había hecho.
Un fuerte llamado de atención
Las incongruencias en el sistema de justicia son tantos que en varias ocasiones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen que hacer fuertes llamados de atención a los magistrados de apelaciones y a los jueces.
En una sentencia del 21 de noviembre del 2011, los magistrados de la Sala Penal de la CSJ regañan literalmente a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Dolores Alfredo Barquero y Perla Arróliga, por haber admitido un recurso de casación que no reunía los requisitos establecidos por la ley.
“Debe hacérsele un fuerte llamado de atención a los magistrados integrantes de la Sala que admiten el presente recurso, por no escatimar esfuerzos en su examen de admisión y que injustificadamente dejen de observar ni cumplir con lo que el legislador expresa en términos claros y precisos”, dice la sentencia de la Corte, que también insta a los magistrados de Apelaciones a “ser más cuidadosos en el deber de administrar justicia”.
“Arrebatados”
Los magistrados de la Corte tampoco escapan de su “falta de cuidado en el deber de administrar justicia” y tal es el caso de la sentencia de la Sala Penal en la que casi dejan libre a un acusado de violación, alegando que este “actuó en estado de arrebato estimulado por la cerveza que había ingerido” en un bar momentos antes de cometer la agresión sexual.
La víctima, Fátima Hernández, se plantó durante varios días en las afueras de la Corte para exigir justicia por su caso, en el que Farinton Reyes estaba condenado primero a ocho años de cárcel y luego a seis por “una rebaja” que le hicieron en el Tribunal de Apelaciones.
En julio del 2011, en la Corte los magistrados no lo dieron por no culpable y tampoco le confirmaron los ocho años de cárcel, pero sí se preocuparon por darle otros dos años de rebaja, quedando finalmente la sentencia en cuatro años de sentencia, ya que según ellos la víctima cooperó para ser violada.
“(Reyes) ingirió cervezas, ingesta que produjo furor y enajenamiento relativo, causando excitación sexual y desenfreno, más el hecho que la víctima fue cooperadora ”, explica la sentencia. ¿Una víctima que ayudó a que la violaran? y según la sentencia la cerveza es una causante de las violaciones sexuales.
El arma “fantasma”
Tenencia ilegal de armas es uno de los delitos por los cuales declararon culpable al misionero italiano Alberto Boschi, después que participara en una manifestación política opositora y en la cual resultó herido el entonces periodista del oficialista Canal 4, Antenor Peña Solano.
Lo curioso fue que nunca le decomisaron arma, la víctima no pudo decir que lo vio con arma y posteriormente el Instituto de Medicina Legal indicó que el objeto que hirió a la víctima no era una bala disparada por arma de fuego.
Aún así en octubre del año 2008 el juez Celso Urbina declaró culpable a Boschi, a quien también le atribuyó el inducir el delito de lesiones en perjuicio de Peña Solano, a pesar de que nunca se identificó a un agresor directo ni nadie dijo haber visto a Boschi instando a otra personas para que agrediera al periodista. En enero del 2009, otro juez, Jaime Alfonso Solís, confirmó la sentencia.
La tapa del inodoro y el gallo
Las contradicciones en el sistema de justicia se producen en todos los operadores, desde la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal, los jueces, los abogados litigantes.
Por ejemplo, en noviembre del año 2010, en el Distrito Cinco de la Policía de Managua una mujer estaba al borde de la locura. Yalila Abdalah Moraga estaba presa porque supuestamente había amenazado de muerte a la esposa de su amante, Ernesto José Orozco, y también por presuntos disparos a la vivienda de la víctima, aunque la familia de la víctima alegó que ambas partes se ofendían.
En su desesperación la mujer trató de quitarse la vida tres veces infructuosamente y en una de ellas quebró la tapa de un inodoro. La misma Policía la denunció por daños a la propiedad.
Y en el año 2003 David Antonio Rodríguez debió pasar tres meses y medio preso, porque se metió a una casa para robar un gallo de pelea, pero fue sorprendido por el dueño del animal.
Rodríguez estaba preso cuando el gallo fue degustado en sopa por su dueño y como la Fiscalía no se ponía en contacto con la víctima no se podía dar fin al proceso.
“La justicia es ciega”, reza el dicho para decir que es imparcial, pero en Nicaragua podría ser que necesite abrir un poquito los ojos para que no se cometan tantos errores, como el juez que no sabe contar, o los magistrados que ni siquiera saben cuándo se debe admitir una casación o no.
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