Eduardo Enríquez
Ante el anuncio de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, de que su gobierno va a revisar la cooperación bilateral que tiene con Nicaragua y va a “revisar con severidad” los préstamos que el Gobierno solicite tanto al Banco Mundial como al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), doctor Yalí Molina, ha solicitado a la cámara que aglutina a las Amcham latinoamericanas que cabildeen en Washington en contra de esta medida.
Nadie puede discutir que la posibilidad de que aún más cooperación salga del país es preocupante, sin embargo creo que Amcham erró en el blanco al hacer esta solicitud. Pedir que se cabildee para que aquí todo siga como que si no ha pasado nada luego de dos fraudes electorales y la destrucción total de las instituciones democráticas es dejar el camino libre al presidente inconstitucional Daniel Ortega para que termine de consolidar su dictadura.
Aunque Ortega diga otra cosa en sus repetitivos discursos, Estados Unidos ha sido flexible ante sus abusos y no le ha puesto condiciones para que sus gobierno acceda al grueso de la cooperación tanto del BID como del Banco Mundial.
Por ejemplo, Washington todos los años ha aprobado dos waivers o dispensas para que Nicaragua se siga beneficiando con su ayuda. Ortega no ha cumplido en los últimos cinco años con las condiciones que imponen las leyes estadounidenses tanto en cuanto al waiver de la transparencia presupuestaria como al de la propiedad.
Pero eso no es todo. Bajo el gobierno de Ortega han continuado las invasiones de tierra a nacionales y extranjeros. El caso más sonado actualmente es el de los valiosos terrenos frente al centro comercial Galerías. Independientemente de quién tenga la razón en ese caso, la forma en que Ortega ha actuado ha sido la misma de los últimos cinco años, con un completo irrespeto a la ley y al debido proceso.
Si el Estado cree tener derechos sobre esas tierras entonces para eso están los juzgados, pero Ortega tiene cero respeto por la institucionalidad y el Estado de Derecho por lo tanto ni siquiera se preocupa por llevar el caso a juicio, donde él y todos sabemos tiene control completo.
La solicitud de Amcham entonces en realidad viene a debilitar la causa de la democracia y fortalece a la dictadura orteguista. Pero supongamos que la institucionalidad democrática no es un asunto de primer orden para los empresarios. Yo me pregunto: ¿Qué más esperan los empresarios que suceda para reaccionar o al menos para no estorbar con solicitudes timoratas como estas?
Cuando a Ortega le da la gana les bloquea las exportaciones de frijoles, cuando le da la gana importa pollo en lugar de buscar cómo ayudar a mejorar la productividad, cuando le da la gana aumenta el precio de la energía o nos endeuda con él mismo haciéndonos menos competitivos; le han rogado para que les permita exportar a Venezuela y él pone oídos sordos porque solo él se quiere beneficiar. Y ante todos esos abusos los empresarios tienen que salir corriendo a pedirle a él o a sus funcionarios para que los dejen trabajar, luego salen “agradecidos” cuando logran la graciosa concesión del dictador. Cuando el presidente inconstitucional se refiere a ellos como “peleles” no es un recurso de su discurso populista sino es lo que él en realidad cree porque es lo que las organizaciones gremiales le han demostrado que son.
Quizás la reacción de Amcham fue precipitada y no valoró bien el significado de lo que estaba haciendo pero es un tema tan crucial que merece que le pongan mejor atención. Si querían ayudar y reconocer que nadie quiere el fin de la ayuda debieron haber señalado al verdadero culpable de esta situación: Daniel Ortega. Si querían aportar, debieron pedir que la ayuda no se cortara, pero que se condicionara a que, por lo menos, el Consejo Supremo Electoral se convierta en una institución verdaderamente independiente y profesional. Y si no se sentían con valor para hacer eso debieron quedarse callados.
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