Martha Vásquez
“Firmamos miles de sentencias y esa es la primera en la que argumentan eso. Eso es ridículo, la Constitución de 1987 está vigente y nuestra labor es legal”, dijo.
[/doap_box][doap_box title=»Ilegalidad de CSJ es “asunto superado”, dice empresario » box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
“Esa etapa ya había sido superada porque quien recusó a esos magistrados fue el abogado Roberto Argüello Hurtado y lamentablemente esas son cosas políticas que nosotros no tenemos nada que ver. Los jueces por alguna manera estaban ahí, sea por decreto o legislación y en realidad fue Corte Plena que firmó la sentencia 164”, dijo el empresario. Los inversionistas taiwaneses aludidos en el caso fueron buscados por LA PRENSA por diversas vías, pero no atendieron las solicitudes de información.
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La litis entre la Compañía Hotelera de Nicaragua S.A., con capital taiwanés, y la empresa norteamericana Tradex Group Corp., que mantiene embargado el Hotel Crowne Plaza o Intercontinental Managua, podría tomar ribetes de diplomacia, ya que Roland Elnecavé, representante de la compañía estadounidense no descartó la posibilidad de acudir a su embajada para solicitarle intervenir en el caso.
Este giro no se descarta porque, según Elnecavé, supuestamente los taiwaneses aseguraron que su embajada les ayudaría a través de contactos políticos con el gobierno de Nicaragua, para detener toda acción de cobranza futura en su contra.
La deuda a la fecha es de 2.9 millones de dólares a favor de Tradex.
“Hasta ahora nos hemos resistido de recurrir a la diplomacia porque consideramos que este es un caso comercial, es cuestión de principios, si fuera cuestión de derechos humanos tal vez hubiésemos recurridos, pero en el momento que se podría transformar en una presión de tipo diplomática y política tendríamos que considerar todas las opciones”, aseguró el empresario norteamericano.
Tradex aún continúa la lucha civil que inició en 2001 por cobro de honorarios e intereses por servicios de ingeniería prestados al grupo hotelero, solicitando el pasado jueves el nombramiento de perito valuador ante el juzgado Cuarto Distrito Civil de Managua.
En el escrito solicitan que al no tener valor del inmueble embargado para subastarlo, se procediera a nombrar a un perito evaluador y proponen al ingeniero Romel Antonio Espinoza Bermúdez, perito autorizado NIPEV 016.
Tradex solicitó el nombramiento desde octubre del 2011 y aún no se le ha dado respuesta. “Desconozco porque se han tardado tiempo”, agregó el norteamericano.
A la deuda se le suman las costas judiciales que andan por los 450 mil dólares, de acuerdo a cálculos del representante de Tradex. “El que pierde tiene que pagar”, insistió.
El doctor Armengol Cuadra, uno de los magistrados con período vencido que firmó la sentencia en 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió sentencias firmadas por Corte Plena ante la falta de constitución de Salas, expresó que argumentar la nulidad de ese fallo por estar firmado por ellos era “una tontería porque está claro que los cargos están vigentes en la Constitución Política de Nicaragua”. ”Firmamos miles de sentencias y esa es la primera en la que argumentan eso. Eso es ridículo, la Constitución de 1987 está vigente y nuestra labor es legal”, dijo.
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