Nicaragua, como república, ha dejado de existir. Según la definición clásica de Montesquieu, una república es la organización del Estado en tres poderes, a saber: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. (El poder electoral, introducido por la dictadura somocista, de ninguna manera le es comparable por no ser constitutivo sino meramente operativo).
Ahora bien, el poder legislativo ha sido vaciado de su substancia y de su efectividad. De su substancia porque para representar al pueblo soberano la Asamblea Nacional (AN) debe estar constituida por diputados electos en comicios libres y transparentes. Al viciarlo en la fuente, el fraude impidió cumplir este requisito esencial. No hubo parto sino aborto. Por lo tanto, conforme a derecho, la AN no existe. Por útiles o interesantes que puedan parecer, sus decisiones serán meras opiniones de un colectivo de facto, no leyes.
El ejecutivo tampoco existe. En efecto, la candidatura de don Daniel Ortega, impuesta mediante una pretendida reforma del Arto. 147 de la Constitución, fue totalmente nula, ilegal e inexistente. Un no-candidato solo puede generar un no-presidente. Además, el fraude total del 6 de noviembre convirtió las elecciones en un ejercicio totalmente viciado que la razón ni la moral permiten reconocer como expresión de la voluntad popular.
El poder judicial, al estar constituido por magistrados con períodos vencidos que han actuado en contra de la Constitución, carece de legitimidad, de dignidad y de toda autoridad moral y jurídica. Por sus actuaciones, al contrario, se han convertido en vergüenza y hazmerreír de juristas y académicos a nivel mundial al resolver que la Constitución es anticonstitucional. Los magistrados de la Corte Suprema han incurrido en tal nivel de retorcimiento conceptual y operativo de la ciencia jurídica que, al igual que a médicos violadores del Juramento Hipocrático, se les debería prohibir ejercer la profesión de por vida.
El poder electoral que —como lo apuntamos arriba— es recreación de la fórmula somocista, carece de iguales vicios que el poder judicial y sus miembros merecen similares sanciones. En efecto, en lugar de asegurar la transparencia del voto y la certeza jurídica de los resultados, el poder electoral ha sido coautor reincidente de fraudes convirtiéndose en instigador y coordinador de una red de corruptores de la conciencia ciudadana. Por lo tanto, Nicaragua ha dejado de ser república y ya no puede calificarse de Estado de Derecho.
Así como corrientes subterráneas socavan edificios y caminos, el socavamiento de las instituciones republicanas ha sido planificado y ejecutado persiguiendo el hundimiento total del Estado de Derecho. No existiendo legitimidad en los poderes, no es factible convocar a nuevas elecciones municipales, regionales ni generales legales ni legítimas, ya que los instrumentos para expresar la voluntad popular han sido intencionalmente destruidos. Solo una acción internacional, por mandato y bajo la autoridad de la OEA, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, podría permitir la normalización de la institucionalidad democrática.
Con legítimo derecho de nación soberana el pueblo de Nicaragua reclama la solidaridad de la comunidad democrática mundial y hace un llamado directo y específico a aquellos gobiernos latinoamericanos conducidos por estadistas capaces, responsables y coherentes, para que en aras de la paz y la seguridad regional y continental, gravemente amenazadas, demanden, de conformidad con el Artículo 20 de la Carta Democrática, la Convocatoria urgente del Consejo Permanente de la OEA. El autor es fundador de la CPDH y Presidente Nacional del PSC
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