En su edición del domingo 22 de enero, LA PRENSA publicó una documentada información sobre el reembolso del Estado a los partidos políticos, por los gastos que hicieron en la campaña electoral del año pasado. El reembolso, solo para los tres partidos que según el Consejo Supremo Electoral obtuvieron arriba del 4 por ciento de los votos válidos totales — el mínimo para tener derecho a la compensación—, fue cifrado en 341.9 millones de córdobas (unos 14.7 millones de dólares) de los cuales casi dos terceras partes son para el oficialista FSLN.
La enorme cantidad de dinero público asignada para rembolsar los gastos electorales del FSLN, la Alianza PLI y el PLC, según la información, suma 10 millones de córdobas más que los 331.9 millones de córdobas destinados en el presupuesto nacional de este año, para el programa social insignia del Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, que es el Hambre Cero. Pero la comparación realmente dramática es la que se hace con la partida presupuestaria asignada a una institución humanitaria como el Hogar de Protección Pajarito Azul, el cual atiende a niños discapacitados y en situación de abandono y maltrato, que en el presupuesto nacional del año pasado fue “apoyado” por el Estado con 246,716 córdobas, o sea menos de 11 mil dólares.
Una lectura simplista y populista de esta información podría llevar a la conclusión de que la gran cantidad de dinero del Estado que ha sido presupuestado para resarcir los gastos electorales de los partidos, mejor se debería invertir en obras de beneficio social; o que los partidos financien ellos mismos sus campañas; y, en última instancia, que no haya elecciones. Esto es lo que pensarían los partidarios de Daniel Ortega, o aquellos que creen que lo más importante es que el Gobierno les permita hacer negocios, o quienes consideran que las dádivas populistas del gobernante tienen más valor que la vida en libertad y democracia.
En realidad, el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos es propio del sistema democrático, es una práctica ajena al totalitarismo o el autoritarismo de cualquier tipo, que se basan en el régimen de partido único o se encubren con farsas de pluralismo. El financiamiento estatal de las campañas electorales de los partidos es para garantizar mejores condiciones de competencia política, evitar la desigualdad financiera y disuadir la tentación de aceptar dinero encubierto de poderosos intereses económicos, incluyendo al crimen organizado como el narcotráfico que ha llegado a ser omnipresente y omnipotente.
El financiamiento estatal no es incorrecto en sí mismo. Lo malo es el exceso, la falta de transparencia y control del gasto político electoral, y sobre todo el abuso de los partidos oficialistas, los cuales, además de gastar una desmesurada cantidad de dinero en sus campañas electorales que luego es resarcida por el Estado, utilizan de manera abusiva todos los medios y recursos estatales.
Esto es lo que se tendrá que corregir cuando Nicaragua vuelva a ser una república democrática.
