Por Anne Pérez Rivera
De aquella independencia que rozaba en conflicto con los gobiernos centrales, no queda nada. Un partido familiar se encargó, a las buenas y a las malas, de acabar con aquella fuente de conflicto que se originaba cuando alcaldías demandaban respeto a la autonomía local y la descentralización de competencias y recursos financieros para elaborar sus propios proyectos. La última gran protesta ocurrió en 2004, cuando un centenar de alcaldes marcharon hacia la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República en 2004.
El movimiento, encabezado por el exalcalde de Matagalpa y ahora presidente ejecutivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), Nelson Artola, logró que el gobierno de Enrique Bolaños se comprometiera a destinar el 10 por ciento de los ingresos tributarios como transferencias municipales directas a las alcaldías del país.
“Extrañamente, los sandinistas que encabezaron la lucha por la autonomía municipal son los mismos que ahora la están matando”, señala el investigador y especialista en temas municipales, Silvio Prado.
Aunque la lucha es reciente, la autonomía municipal es un término presente en las leyes nacionales desde 1812 con la Constitución de Cádiz. Sin embargo, para Prado, “los municipios están quedando solo como entes administrativos y no como gobiernos autónomos. La autonomía municipal está desapareciendo totalmente”, dijo.
“El árbitro en estas elecciones no es confiable. El Consejo Supremo Electoral tiene al hilo tres fraudes electorales y obviamente eso no es confiable. Con un árbitro como este, el 100 por ciento de las alcaldías pueden quedar en poder del Frente Sandinista”, dijo Hegg.
Precisamente por la falta de confianza en el Consejo Electoral, el especialista Silvio Prado vaticina abstención alta en noviembre 2012.
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No es el único con ese análisis. El sociólogo y experto municipal Manuel Ortega Hegg asegura que en el país la mayoría de las autoridades locales ya operan como “peones” del Gobierno, ejecutando las orientaciones del Gobierno central.
“Las iniciativas locales en los municipios se han inhibido y ahora hasta estamos compitiendo con los países más atrasados de África. El modelo actual que se ejecuta, cuando el Gobierno central baja orientaciones y decide qué planes se van a ejecutar en los municipios, ya está desfasado y aun así se está ejecutando en Nicaragua. Las alcaldías están esperando planes techos, los cerditos, Usura Cero. El Gobierno ahora hasta decide cómo se va a distribuir la ejecución de las transferencias municipales”, explicó Ortega Hegg.
Rosario Murillo, quien funge como vocera del Gobierno, lo confirma en sus comparecencias diarias ante medios oficialistas. Ella anuncia los encuentros municipales, los planes de cada alcaldía y, principalmente, la inversión que el Gobierno central ha definido para cada comuna.
“Vamos a trabajar esta semana también, en una reunión con todos los alcaldes del Poder Ciudadano, para planificar en detalle la ruta por más victorias del pueblo, del pueblo presidente al pueblo alcalde”, dijo Murillo en sus declaraciones a medios oficialistas el lunes pasado.
En lo que va del año, Murillo ha ratificado casi a todos los alcaldes de las cabeceras departamentales para que se reelijan del mismo modo que lo hizo Daniel Ortega en 2011: contra la Constitución y otras leyes.
EL MODUS OPERANDI
Para ganar más poder, el FSLN ha hecho de todo. Desde el fraude masivo de alcaldías en noviembre del 2008, destituciones al margen de la ley en el 2010, renuncias forzadas en el 2011- 2012 y “convencimientos” estilo Corleone para adherir a 13 alcaldes y un centenar de concejales opositores.
Lo peor, apunta el también investigador del Centro de Estudios y Análisis Políticos (CEAP), Silvio Prado, es que las autoridades locales que han sido sacadas de sus puestos nunca han sido investigadas y menos acusadas legalmente de haber cometido algún delito. Nunca se ha demostrado que razón había para destituirlas o “renunciarlas”.
Además, “la cifra de autoridades locales que bajo presión han aparecido a la par del presidente ejecutivo del FISE (Nelson Artola) da una idea de que la inversión pública está siendo utilizada como punto de presión o castigo para que se cambien de acera”, analiza Prado, quien además considera que el FSLN tiene un proyecto de hegemonía partidaria-familiar total: “las alcaldías autónomas son un estorbo para el Gobierno”.
Según su análisis, el orteguismo ahora ocupa casi 40 alcaldías más en comparación con los 88 municipios electos bajo la bandera sandinista en 2004. Actualmente dominan 127 municipios.
Para este año, la hegemonía orteguista en las 153 alcaldía podría ser total, luego que Murillo anunciara que en las elecciones de noviembre el FSLN ganará “la mayoría las alcaldías para que el pueblo siga siendo alcalde”.
Eso implicaría que en 2012 las 153 alcaldías del país estarían bajo dominio orteguista, situación que, según los expertos, no ocurrió ni durante el régimen de Somoza, quien compartía cuotas de poder con los conservadores.
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