Sin duda que muchas personas demócratas de Nicaragua se han sentido lastimadas por la presencia de algunos gobernantes democráticos de otros países en la investidura de Daniel Ortega, pues consideran que vinieron a legitimarlo.
Pero no es cierto que los dignatarios democráticos extranjeros legitimaron con su presencia el siguiente período presidencial de Daniel Ortega, quien para reelegirse violó la Constitución y contaminó las elecciones del 6 de noviembre pasado con tantas irregularidades, que fue imposible certificarlas tal como lo declaró expresamente la observación electoral europea. Ortega es ahora un presidente inconstitucional y nada ni nadie le puede borrar esa espuria condición . Quizás la presencia de algunos gobernantes y representantes democráticos en la investidura de Ortega lo haya avalado políticamente, pero eso no significa legitimarlo.
Por supuesto que lo mejor hubiera sido que ningún gobernante democrático viniera a la toma de posesión de Ortega. Sin embargo, las relaciones diplomáticas e internacionales son pragmáticas y desde hace muchísimo tiempo se conoce que, por lo general, los gobiernos no tienen amigos y en ocasiones ni siquiera principios, únicamente intereses. Se le atribuye a Lord Palmerston, ministro de relaciones exteriores del imperio británico en el período de 1846 a 1851, la conocida frase de que “las naciones no tienen amigos o enemigos permanentes, solo intereses permanentes”. También se dice que fueron Napoleón Bonaparte o Charles Degaulle, quienes dijeron que “los países no tienen amigos sino intereses”. Y hay quienes aseguran que en realidad quien se expresó de esa manera fue John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Dwight Eisenhower, en el período de 1953 a 1959. Sin embargo, quien quiera que haya sido el que formuló la célebre expresión antes mencionada, lo cierto es que en ella se refleja una descarnada realidad.
España, por ejemplo, donde desde el mes pasado gobierna un partido de centro derecha explícitamente democrático, es un país que tiene cuantiosas inversiones en Nicaragua, las cuales ascienden a entre 500 millones de dólares, según dijera el anterior embajador español, a principios de noviembre de 2009, y 700 millones de dólares, que fue la cifra declarada públicamente en octubre del año pasado por el nuevo embajador del reino de España en Managua. Alrededor de 35 empresas españolas tienen inversiones y operan en Nicaragua, algunas de las cuales son muy grandes y según las mismas fuentes oficiales el año pasado facturaron unos 780 millones de dólares.
Se trata sin duda de cuantiosos intereses económicos que no los van a arriesgar por “minucias” políticas, como podría ser para ellos la quiebra de la institucionalidad democrática de Nicaragua, y menos si la misma población nicaragüense no la está rechazando con visible indignación y masiva manifestación. Desde que en enero de 2007 comenzó su gobierno anterior, que no era inconstitucional ni ilegítimo, Daniel Ortega planteó a las empresas extranjeras las condiciones a las que debían someterse. Y las sometió fácilmente pues para ellas lo importante es poder hacer negocios rentables. Lo que pueda venir después, ya se verá.
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