AFP
Al menos 796 personas sufrieron detenciones temporales “arbitrarias” en Cuba durante diciembre de 2011 por actividades opositoras u otras razones políticas, un récord mensual en las últimas tres décadas, según informó ayer un grupo opositor.
La ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional “registró al menos 796 detenciones arbitrarias políticamente motivadas por parte del enorme aparato de represión del gobierno de Cuba”, informó el grupo en un reporte mensual.
“Con este alto nivel de detenciones ‘de corta duración’, por varias horas o días e innumerables casos de violencia policial, el régimen castrista ha roto todos sus récords en los últimos 30 años”, añadió.
En los meses previos, los arrestos por causas políticas rondaban entre 200 y 300, según este grupo, ilegal pero tolerado por el gobierno comunista.
Con los casos de diciembre, las detenciones de “corta duración” en la isla sumaron 6,134 durante 2011, un incremento de 50 por ciento respecto a 2010 (4,084), según la comisión, que dirige el disidente Elizardo Sánchez.
La comisión recordó que en diciembre “fueron indultados siete prisioneros políticos” como parte de una medida del gobierno de Raúl Castro, que benefició a 2,991 reclusos cubanos, además de 86 extranjeros.
Sin embargo, “el mismo día en que se hizo efectivo el indulto, el régimen internó en prisiones de alta seguridad, sin cargos formales y bajo condiciones infrahumanas, a los disidentes pacíficos Ivonne Mayeza Galano, Ignacio Martínez Montero e Isabel Haydeé Álvarez Mosquera”, dijo.
El grupo afirmó que el total de presos “por los llamados ‘delitos contra el Estado’ estaría en el orden de los 60”, incluidos 16 con “licencia extrapenal”, que puede ser revocada en cualquier momento.
La comisión estima que la población penal “estaría entre 70,000 y 80,000 reclusos” en la isla, que tiene 11.2 millones de habitantes.
Del indulto a los extranjeros fue excluido el contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de cárcel tras ser detenido en La Habana hace dos años bajo cargos de crímenes contra la seguridad del Estado.
