El gobierno de Daniel Ortega debería pagar este año a miles de trabajadores del sector público despedidos durante su gestión y a quienes aún les retienen su liquidación, demandó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
“Ese es un tema pendiente”, de la gestión de Ortega que “ha puesto oídos sordos a la demanda real y justa de estos trabajadores”, según Carmona.
El defensor de derechos humanos mencionó casos reconocidos de personal despedido de instituciones del Estado, donde los afectados han luchado por el pago de sus prestaciones, sin que nadie escuche sus reclamos, entre los que mencionó la Dirección General de Ingresos (DGI), sobre todo durante la administración de Walter Porras, el Ministerio de Educación, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), entre otras.
La gestión de Ortega cerró con el despido de más de 24 mil empleados públicos, de los que una minoría ha sido indemnizado.
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