El aumento de 9 por ciento en la tarifa de servicio eléctrico — a pesar de que según las autoridades del sector energético el incremento debería ser más de 20 por ciento, pero de imponerse provocaría una catástrofe económica nacional según los empresarios privados—, ha puesto en evidencia la insostenibilidad del pírrico crecimiento económico del país del que tanto se han ufanado el Gobierno y sus afines.
Se conoce muy bien y sobre todo lo saben los empresarios privados y los economistas que no son de formación ideológica marxista ni de tendencia política populista, que las subvenciones a la larga resultan contraproducentes para la economía, porque constituyen un mecanismo artificial para la asignación de recursos y distribución de costos. La subvención, asegura un académico económico español, es una contradicción en los términos porque “las actividades que no pueden desarrollarse sin subvenciones no son económicas, sino antieconómicas”. Y agrega que “las subvenciones son la negación misma de la economía, esa ciencia que tiene como propósito destinar nuestros escasos medios a la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades”.
Pero sobre las subvenciones y subsidios hay distintas opiniones. Por ejemplo, las subvenciones agrícolas en los países desarrollados son muy bien apreciadas por sus agricultores, pero condenadas por las naciones agroexportadoras porque las colocan en desventaja competitiva. Además, como dijera la estadista irlandesa Mary Robinson cuando era Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “los países en desarrollo que son pobres no pueden cumplir con el compromiso de implementar los derechos económicos, sociales y culturales porque, entre otras cosas, los subsidios a la agricultura y las barreras comerciales de los países industrializados les impiden salir de la pobreza”.
Sobretodo en el caso de la energía, el subsidio se ha vuelto una necesidad. Esto se debe al desmesurado costo de la generación eléctrica, la cual depende principalmente del petróleo pero el precio de este recurso es cada vez más caro porque lo determinan más la especulación comercial y las crisis políticas de los países petroleros que su valor real derivado de los verdaderos costos de producción y comercialización . De manera que mientras Nicaragua no cambie su matriz energética y siga dependiendo del petróleo, las subvenciones a las tarifas eléctricas y los subsidios a los usuarios seguirán siendo indispensables, aunque signifiquen una contradicción en los términos y representen a la larga un freno al crecimiento y el desarrollo, como lo advierte el vilipendiado pero inevitable Fondo Monetario Internacional.
Cabe recordar que los gobiernos del período democrático de 1990 a 2007, sobre todo el del presidente Enrique Bolaños Geyer, trataron de impulsar la diversificación de las fuentes de energía con el fin de reducir los costos de su generación, pero la oposición salvaje del FSLN saboteó sus esfuerzos y ahora toda la nación tiene que pagar las consecuencias.
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