Elízabeth Romero
380 despedidos es la cantidad a quienes según José Tomás Gómez, que integró una comisión de reclamantes, la DGI pagó por debajo de lo real.
[/doap_box]
Sin trabajo, algunos enfermos y sin dinero, así resumió uno de los extrabajadores de la Dirección General de Ingresos (DGI) la situación que atraviesan. Mientras tanto el gobierno de Daniel Ortega sigue ignorando la demanda de cancelación de sus prestaciones de ley después que fueron despedidos de forma ilegal por la administración del exdirector de Ingresos, Walter Porras.
José Tomás Gómez, uno de los despedidos y con sentencia firme a su favor, dijo que igual que él están otros 9 exempleados de la DGI, sin que ninguna autoridad pague la deuda.
Gómez cumplió cuatro años en este reclamo. Y en ese período logró que la DGI abonara parte de la liquidación correspondiente, esto por mediación de la Fiscalía. Según dijo, “me llevan que no hay plata todavía, no pueden decir eso ellos”.
El denunciante refirió que no aprecia voluntad de las autoridades del Ministerio de Hacienda en cancelar las deudas, pues si lo priorizaran bien podrían considerar como alternativa incluir estas liquidaciones en el presupuesto de la República, lo que no ha ocurrido.
Esto es una violación a los derechos laborales, recordó el denunciante.
En el caso de Gómez, en octubre del año pasado la Procuraduría General de la República le remitió una carta a Hacienda gestionando la cancelación de sus prestaciones, pero nada de esto ocurrió.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
