Los diputados del período legislativo de la Asamblea Nacional que concluye hoy su quinta y última legislatura (los cuales fueron elegidos en noviembre de 2006), tienen una deuda impagable con el pueblo y la historia de Nicaragua.
Como es bien sabido, en los comicios de 2006 los ciudadanos votaron para que la Asamblea Nacional fuera integrada con 38 diputados del FSLN, 25 del PLC, 22 de la ALN y cinco del MRS. Además, de acuerdo con la Constitución también ocupó una curul el excandidato que quedó en el segundo lugar de la elección presidencial, o sea Eduardo Montealegre, de manera que la oposición sumó 53 diputados en total, seis más que la mayoría absoluta de los 92 escaños parlamentarios.
Esa sólida mayoría opositora en la Asamblea Nacional era más que suficiente para defender y preservar la institucionalidad democrática del país y aun para obligar a Daniel Ortega a consensuar las políticas fundamentales de gobierno. Sin embargo, la mayoría opositora se comenzó a resquebrajar desde antes que los diputados tomaran posesión de sus cargos; y se rompió definitivamente poco tiempo después, cuando varios diputados de la oposición se cambiaron de camiseta política cediendo al soborno y el chantaje gubernamental. Luego, la bancada del PLC le dio la presidencia de la Asamblea Nacional al FSLN, por todo el período legislativo, por proteger a Arnoldo Alemán del acoso judicial del orteguismo, a través de las acusaciones y juicios pendientes por corrupción.
De manera que no fue, como dicen algunos, por habilidad política e inteligencia de Ortega que el FSLN invirtió los resultados de la elección de diputados de 2006 y se convirtió en mayoría legislativa de facto. Fue por el pacto, la claudicación y la corrupción en la oposición parlamentaria, que Ortega sometió al poder legislativo y puso fin al sistema democrático de separación de poderes del Estado, independencia judicial y legislativa y control parlamentario sobre el poder ejecutivo.
Pero sería una injusticia culpar a todos los diputados por el derrumbe de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Más bien hay que destacar que un sector de la oposición parlamentaria, sobre todo los diputados que formaron la Bancada Democrática Nicaragüense al ser despojados del partido ALN, en cuya casilla fueron elegidos, trataron aunque fuese de manera vacilante de frenar el avance de la aplanadora orteguista. Y también hay que reconocer que un grupo de diputados del PLC se negó a respaldar la reforma constitucional que le hubiera permitido a Ortega reelegirse legítimamente.
En los cuerpos colegiados las culpas, igual que los méritos —si los hubiera—, tienen que ser compartidos por todos sus miembros. En este sentido, todos los diputados son corresponsables de la derrota de la precaria democracia nicaragüense. Sin embargo, consideramos que es justo y vale la pena reconocer el esfuerzo de quienes se mantuvieron fieles a sus principios, y aunque fueron derrotados por una mayoría antidemocrática, traidora y corrupta, no traicionaron el mandato que les dieron los ciudadanos en las votaciones de 2006.
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