Lucía Navas
De algo debe estar claro el gobierno de Daniel Ortega y es que si quiere mantener el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deberá ser más transparente con la información estatal.
El Gobierno tiene la meta de obtener 171.2 millones de dólares de parte del organismo internacional para 2012. Pero lograrlo depende de suscribir un nuevo programa de cooperación conocido como Apoyo de Reformas de Políticas (PBL en inglés).
Mirna Liévano, representante del BID en Nicaragua, explica que antes de negociar a futuro, el Gobierno debe cumplir con el actual programa en donde están atados 45 millones de dólares en libre disponibilidad o apoyo presupuestario.
El economista Adolfo Acevedo señala que es una situación “inconcebible” que se “dependa de la condicionalidad de un organismo internacional”, que se cumpla el derecho de los ciudadanos a que sea publicada la Encuesta de Hogares para la Medición del Nivel de Vida.
Encuentra “inexplicable” que el Gobierno se arriesgue a perder los US$$45 millones, “que si bien no se dirigen a ningún proyecto en especial”, los puede usar para “apoyar los pagos de amortización de la deuda interna, por ejemplo”.
APRIETAN
Aunque el BID parece no estar dispuesto a darle un cheque en blanco al Gobierno, pues están poniendo condiciones bastante duras.
Mirna Liévano, del BID, explica que apuntan a que exista mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos que dan. Demandan que el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Familia (Mifamilia) “comiencen a incorporar en la práctica todos los procedimientos de la nueva ley de compra y contrataciones”.
Por su parte Acevedo cree que el Gobierno no la tendrá fácil, puesto que lo que practica es una política de secretismo que difícilmente cambiará. Dice que muestra de ello es que “prohibió la publicación de las bases de datos de la encuesta del nivel de vida y el censo para la medición del empleo”, acciones que perjudican al país.
Refiere que no se permitió que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) lograra actualizar los indicadores de pobreza, pues los datos disponibles de Nicaragua son del 2005, cuando en el resto de países se facilitaron las mediciones de 2009.
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