Por Wilder Pérez R.
“Con esta carretera, Costa Rica promueve un turismo para observar la desgracia”.
El ecólogo Kamilo Lara resume en esta frase lo que, a su criterio, el Gobierno costarricense quiere hacer con el río San Juan de Nicaragua.
Las organizaciones de Costa Rica que apoyan la anulación de la carretera son 16. Estas tienen experiencias exitosas en este tipo de exigencias, pues lograron detener el proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas, que estaba a tres kilómetros del cauce del San Juan, más lejos que la pista.
[/doap_box]
El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Costa Rica, que recibe en promedio dos millones de turistas, que dejan unos dos mil millones de dólares por año, en parte, porque se vende como “país ecológico”.
Al margen de esa campaña publicitaria, Lara, junto con el ambientalista Jaime Íncer Barquero, acusaron a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia por construir una carretera de más de 120 kilómetros de largo a orillas del río San Juan, que atenta contra esta reserva de importancia internacional, además que es protegida por leyes internacionales.
Según los expertos, la carretera no se ha terminado de construir y ya atrajo un oleaje de habitantes costarricenses dispuestos a depredar el ecosistema de la Reserva de Biosfera Río San Juan, que además es un sitio Ramsar, o humedal de importancia internacional.
“Ya están haciendo uso de la carretera, hay restos de fogatas de pescadores junto al río, están pasando más hacia la reserva Indio Maíz dentro de Nicaragua, hay latas de cervezas y gaseosas propias de Costa Rica, vimos casquillos de armas de fuego y muestras de que han cazado y destazado animales en territorio nicaragüense”, aseguró el ecólogo.
Eso, más el borde del río arrasado del lado costarricense, y aguas cargadas de lodos que llegan desde ese país, es lo que podría ofrecer Costa Rica cuando lleve turistas hacia su frontera norte.
UN HITO HISTÓRICO
La acusación presentada por Lara e Íncer, en que dos grupos ambientalistas acusan a un Gobierno centroamericano por daños a la naturaleza, es la primera de este tipo.
“Es una situación especial, por la agresión al río San Juan. Como organizaciones ambientales no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a este daño ambiental, que va a trascender con el paso de los años”, comentó el ecólogo.
Los ambientalistas no se limitarán a poner la querella, según Lara, pues en dependencia de cómo se comporte el proceso en la Corte Centroamericana de Justicia, están dispuestos a realizar marchas en las calles y extender alianzas con ambientalistas costarricenses.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
