El periodista uruguayo Danilo Arbilla comenta en su columna semanal que publicamos en la presente edición de LA PRENSA, que el próximo presidente del Gobierno de España, el demócrata de centroderecha Mariano Rajoy, ha expresado sobre Cuba que “quiere democracia, libertad y derechos y humanos, que es lo que quiere todo el mundo”; pero en cambio “no ha opinado sobre los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, a los que el gobierno socialista (del presidente saliente José Luis Rodríguez Zapatero) ha festejado bastante, y a los que, en particular los dos primeros, el propio Estado español, con los reyes a la cabeza, ha dado un gran respaldo”.
En lo que respecta a Nicaragua, cabe mencionar que el derrotado y saliente gobierno socialista español se congratuló asimismo por las elecciones del 6 de noviembre, las que insólitamente calificó como muestra de “apego de la sociedad nicaragüense a los valores democráticos”, siendo del conocimiento público internacional que no fueron comicios limpios y que con ellos se impuso la candidatura inconstitucional e ilegítima de Daniel Ortega. Sin embargo, cuando se dio a conocer la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España sobre las elecciones de Nicaragua, el 9 de noviembre, ya se conocía el informe preliminar de la misión de observación electoral de la UE que presidió el eurodiputado socialista español Luis Yánez, en el cual se consignó que las elecciones del 6 de noviembre carecieron de la transparencia que debe caracterizar unos comicios apegados a los valores democráticos.
Pero no ha sido solo que las elecciones fueron amañadas, contrarias a los valores de la democracia. Es que la misma candidatura de Daniel Ortega a la reelección presidencial era inconstitucional, ilegal y espuria, por lo cual su “triunfo” electoral no es reconocido por la oposición y su nuevo gobierno no debería ser avalado como legítimo por gobiernos auténticamente democráticos, como el de España y los demás de la UE.
El mismo eurodiputado español Luis Yánez, quien pertenece al Partido Socialista Obrero de España del todavía presidente Rodríguez Zapatero, declaró que en Nicaragua la prohibición de la reelección es una norma constitucional expresa que no puede ser modificada por ninguna resolución judicial, solo por una reforma constitucional. O sea que el nuevo gobierno de Ortega será ilegítimo no solo por los medios electorales fraudulentos que usó para imponerse, sino también por el origen inconstitucional y espurio de su reelección presidencial.
El príncipe Felipe, quien representa habitualmente al Estado de España en las tomas de posesión presidenciales de los países hispanoamericanos, vendrá a Centroamérica para participar en la asunción del presidente electo de Guatemala, Otto Pérez Molina, que tendrá lugar el 15 de enero. La expectación es si el príncipe Felipe vendrá también a Nicaragua, cinco días antes, para avalar con su majestuosa presencia la inconstitucional, ilegal, ilegítima y espuria toma de posesión presidencial de Daniel Ortega.
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