AFP
Leonora Gámez, una nicaragüense de 35 años, es obligada a prostituirse por unos cuatro dólares en una cantina de Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas (frontera del sur de México), donde trabaja como mesera. En esa ciudad, la explotación sexual de indocumentadas del istmo es un problema social en expansión.
Gámez cayó atrapada en las redes de prostitución cuando hace unos años dejó su país con la intención de llegar a Estados Unidos, y aunque no ve salida a su situación confirma que “algún día, si no me he muerto, quizás me vaya a Estados Unidos”.
Gámez explica que su “servicio” sexual es impuesto por la dueña del negocio como “requisito” para no denunciar su condición de ilegal. Los prostíbulos pululan en Ciudad Hidalgo, donde llegan los inmigrantes del istmo y de otros países llegan tras cruzar el río Suchiate.
El fiscal de Migrantes de Chiapas, Enríque Méndez, explica que la falta de denuncias de las víctimas por temor a represalias dificulta resolver el problema.
Muchas son menores de edad, humilladas, maltratadas, violadas, algunas llegan desde sus comunidades de origen engañadas con una supuesta oferta de trabajo, deben trabajar largas jornadas para pagarle a los “coyotes” o a los dueños de los bares que apenas les dan de comer o un lugar donde vivir, según las denuncias.
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