La noche del domingo 6 de noviembre, luego de la primera lectura de los resultados parciales de las elecciones, circuló en los teléfonos celulares un mensaje de texto que rezaba “se las robaron, ¿y ahora?”
Esa pregunta es de gran importancia para el futuro de los nicaragüenses que ya llevamos dos grandes fraudes en igual número de elecciones. El primero fue ampliamente documentado con las actas de los fiscales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y el segundo lo han podido ver, además de todos los nicaragüenses, las misiones internacionales de observación electoral.
Y la verdad es que hay que pensar en algo que hacer. No es posible que los nicaragüenses vayamos a las elecciones municipales del próximo año con este Consejo Supremo Electoral y con esta ley electoral.
No hay duda que los nicaragüenses quieren vivir en democracia, quieren tener la libertad de elegir y ser electos, tal como está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, pero ese derecho ha sido conculcado, entonces la pregunta es más que pertinente: ¿y ahora?
La sociedad civil está pidiendo la anulación de estas elecciones y la convocatoria a nuevos comicios. Lo mismo ha hecho el candidato de la Alianza PLI, Fabio Gadea. Por otro lado el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha pedido que los actuales magistrados electorales sean sustituidos, y además ya contamos con una serie de recomendaciones que han hecho las misiones de observación tanto de la OEA como de la Unión Europea. Pero todas esas exigencias o recomendaciones que son valederas se encuentran ahora frente al control absoluto y dictatorial que tiene Daniel Ortega sobre todas las instituciones del país que supuestamente están diseñadas para salvaguardar la democracia y la República.
Pero, ¿ese control que tiene el orteguismo sobre el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Policía y el Ejército hacen imposible la lucha cívica para regresar a la democracia?
Definitivamente la hace difícil, pero no imposible, y de lo que se requiere urgentemente es de una estrategia coherente de lucha en varios frentes a nivel nacional e internacional para crear la presión necesaria que obligue al dictador a devolver a la ciudadanía sus instituciones y sus derechos conculcados.
Está claro también que la Alianza PLI es la llamada a encabezar esta lucha cívica para rescatar la democracia. La Alianza PLI, a pesar de la gran nebulosa que rodeó estas elecciones, obtuvo más de 700 mil votos, y nadie duda que en realidad obtuvo más. ¿Cuántos? Nunca se sabrá porque precisamente el sistema fue diseñado para enterrar ese hecho, pero esos 700 mil votos no solo le dan, como cabeza de la oposición, el derecho sino el deber de liderar la lucha por la democracia.
Claro está que en esta lucha los políticos opositores deben amalgamar a los distintos sectores de la sociedad, no alienarlos, como ha sido la característica de los partidos de oposición en este país.
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