Washington/EFE
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. comenzará hoy a revisar, caso por caso, los procesos judiciales de deportación de 300.000 indocumentados, con el fin de centrarse en los que supongan un peligro para la seguridad nacional.
La agencia federal encargada de regular la inmigración emitirá hoy directrices para iniciar las primeras fases prácticas de la revisión de los casos judiciales, informó el diario New York Times.
Las autoridades pondrán así en marcha el proceso anunciado en agosto por el presidente Barack Obama, que aseguró que muchos de esos inmigrantes ilegales podrían solicitar permisos de trabajo.
El objetivo del nuevo enfoque, según el Gobierno, es centrar los esfuerzos de las autoridades de inmigración en aquellos indocumentados con antecedentes penales o que supongan una verdadera amenaza para la seguridad nacional.
Esa política disminuiría las deportaciones de los indocumentados que sean estudiantes, miembros del servicio militar, mayores de 65 años o familia cercana de ciudadanos estadounidenses, entre otros, según la directiva de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Aunque el anuncio de Obama suscitó grandes esperanzas entre muchos inmigrantes de todo el país, hasta ahora no se ha aplicado más que en algunos casos aislados, lo que ha desilusionado a muchos indocumentados que esperaban ver aliviadas sus órdenes de deportación.
En la fase que comienza hoy, y que se extenderá hasta el 13 de enero de 2012, los abogados del ICE comenzarán a revisar los casos nuevos que lleguen a los tribunales de inmigración de todo el país, con la intención de cerrar aquellos calificados de «baja prioridad» según la nueva directiva, antes de que sean presentados al juez.
Al mismo tiempo, los casos de inmigrantes que sí sean considerados peligrosos serán seleccionados para su trámite dentro de un calendario especial que acelerará sus audiencias ante los jueces.
Simultáneamente, el 4 de diciembre los agentes pondrán en marcha una segunda fase, que consistirá en programas piloto de seis semanas en las que los abogados peinarán la lista de casos pendientes en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), según The New York Times.
A partir del 13 de enero, cuando también acaba esa segunda fase, las autoridades decidirán cómo expandir el modelo de esos programas piloto a los tribunales de inmigración de todo el país.
Además, el ICE introducirá hoy un nuevo programa de formación relacionado con la nueva directiva, que todos los agentes de esa oficina deberán completar antes de mediados de enero.
Los inmigrantes cuyos casos sean cerrados dentro del nuevo proceso no verán cómo sus expedientes desaparecen, y sus procesos de deportaciones podrán ser reabiertos en cualquier momento, según ha indicado el ICE.
Así, los indocumentados podrán quedarse en Estados Unidos, pero permanecerán en una suerte de limbo legal, sin ningún tipo de estatus migratorio como tal.
Además de reducir las deportaciones, la política pretende dar un respiro a los 59 tribunales de inmigración, que se encuentran desbordados por una cantidad récord de casos de deportación pendientes.
En el año fiscal 2011, el Gobierno de Obama deportó a casi 400.000 indocumentados, la mayor cifra registrada hasta ahora. De ellos, casi el 55 por ciento eran individuos con antecedentes penales.
