Adelantándose al reporte oficial de su organización, el secretario general Insulza avaló el reciente proceso electoral nicaragüense en una manera apurada y poco profesional. De hecho, tanto el propio jefe de misión de observadores de la OEA, embajador Dante Caputo, como los observadores de la Unión Europea, encabezados por el legislador Luis Yáñez, han ofrecido declaraciones muy críticas sobre lo que a todas luces ha sido un proceso ilegal en su origen y nulo de transparencia en su desarrollo.
En aparente reconsideración, la ya famosa frase del secretario general ha sido removida del Portal de la OEA. No obstante, la misma ha sido ampliamente difundida por los regímenes de extrema izquierda latinoamericanos como sello de legitimidad para la reelección de Ortega.
Tanto los partidos de oposición como el Consejo Superior de la Empresa Privada están demandando la publicación, Junta por Junta, del ciento por ciento de los resultados alegando un comportamiento institucional irregular por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) similar al de las elecciones municipales del 2008. Incluso, Fabio Gadea, candidato de la coalición liderada por el Partido Liberal Independiente (PLI), con razón exige una nueva elección.
Nada de esto debe sorprendernos si consideramos el proceso desde su inicio: cuando el FSLN perdió las elecciones de 1990 frente a la coalición de la UNO encabezada por doña Violeta de Chamorro, la estrategia de Ortega se concentro en fomentar la división entre sus adversarios, principalmente en el Partido Liberal, históricamente mayoritario en la política nicaragüense.
Con dicha estrategia Ortega no logró triunfar ni en las elecciones de 1996 ni en las del 2001 ganadas respectivamente por los candidatos liberales Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.
Sin embargo, a partir del 2001 Alemán y Bolaños se distanciaron significativamente, lo cual resultó favorable para Ortega. En ese momento Bolaños representaba la nueva realidad gubernamental en el país, contando además con el apoyo de la administración norteamericana y la comunidad internacional; Alemán, a pesar de las graves acusaciones de corrupción, representaba al partido político que había llevado a la presidencia a Bolaños. ¿Qué mejor ecuación política para que Ortega, ante semejante división de sus adversarios, se convirtiera en el gran árbitro de la política nacional?
Con la posterior reducción de un 45 por ciento a un 35 por ciento en el porcentaje mínimo necesario para ganar la presidencia, la falta de unidad de los candidatos demócratas Eduardo Montealegre y José Rizo y un importante apoyo financiero de Hugo Chávez, Ortega ganó las elecciones del 2006 con un 38 por ciento del voto.
Desde el inicio del 2007 Ortega incrementó substancialmente sus relaciones comerciales con Venezuela, creando toda una estructura paralela al sector financiero nacional, lo cual le ha permitido un enorme margen de maniobra para manipular muchos aspectos de la política en el país. Se estima en más de US$$500 millones por año los fondos recibidos de parte de Chávez.
Finalmente, en abril del 2011, una resolución del CSE, controlado por funcionarios orteguistas, confirmó la candidatura de este a pesar de que la Constitución nicaragüense explícitamente prohíbe tanto la reelección inmediata como la aspiración a un tercer periodo. Sencillamente, el CSE se saltó la Constitución basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, también controlada por incondicionales a Ortega, que declaró inaplicable las prohibiciones constitucionales.
Así se llega al momento actual en el escenario político de Nicaragua. Sin duda, lejos de un avance en la democracia y la paz, el país avanza en retroceso hacia profundas aguas autocráticas. El autor es presidente de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana en Florida y exCónsul General de Nicaragua en Miami. Miami, Florida.
Sin duda, lejos de un avance en la democracia y la paz, el país avanza en retroceso hacia profundas aguas autocráticas.
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