Cuando los nublados del día parecían demoler la esperanza en que la Organización de Estados Americanos reconociera a los nicaragüenses —por lo menos— el derecho a gritar que las elecciones fueron un espectacular fraude, recibimos con entusiasmo, las contundentes declaraciones de la secretaria de Estado de Canadá, Diane Ablonczy: “Estamos muy preocupados por la pauta de irregularidades electorales en Nicaragua”.
En lenguaje diplomático, las declaraciones de Canadá se entienden como la segunda etapa de una escalada de inconformidad.
Las etapas de una escalada son variables, sin embargo. Para propósitos didácticos ejemplificamos: Si un gobierno dice: “Mi gobierno no puede permanecer indiferente” es la primera manifestación de que algo anda mal. Equivale a decir algo como “ándate con cuidado porque este asunto es importante para nosotros y vamos a hacer algo al respecto”. Si se dice (como Canadá) “Mi gobierno percibe con preocupación” es una advertencia más fuerte. Es una forma de decir “voy a tomar una decisión que no te va a gustar”. Sumado eso, al contundente informe sobre las elecciones de la Unión Europea, la falta de reconocimiento público de mandatarios serios (No las que se han divulgado de Abjasia ni Irán) y a la retractación pública del secretario general de la OEA, en la que deslinda responsabilidad alguna que signifique felicitación o reconocimiento a la transparencia del proceso electoral en Nicaragua, los nublados recaen sobre quien ejerce como titular del ejecutivo y domina el resto de poderes del Estado, naciendo la esperanza de que la respuesta continental que nos prometió la canciller canadiense, no sea únicamente una declaración de buenas intenciones con recomendaciones hacia el futuro.
Lo que Nicaragua necesita es que simplemente se aplique la ley y la ley es clara. Nos referimos a la Carta Democrática de la OEA, de la que Nicaragua es signataria y forma parte de nuestro derecho positivo cuando señala explícitamente: “Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la secretaria general, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas” y también dice: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”. Esa es nuestra esperanza.
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