Algunas personas que hacen opinión pública —o contribuyen a formarla— desde los medios masivos de comunicación social, sostienen el singular punto de vista de que la oposición no tiene razón de denunciar que hubo fraude en las elecciones del domingo pasado y más bien deben aceptar sin condiciones los resultados anunciados por el CSE.
Para sostener y propalar un argumento tan peregrino, tales formadores o más bien dicho deformadores de opinión, arguyen que los partidos políticos y alianzas electorales de oposición que participaron en las elecciones, conocían de antemano las reglas establecidas por el Consejo Supremo Electoral. Es decir, sabían que el fraude estaba montado y que era inminente pero aún así decidieron participar, de manera que ahora no tienen derecho de reclamar. O sea que según esas personas, a la oposición no le queda más remedio que aceptar los resultados de las elecciones espurias de Roberto Rivas, haciendo caso omiso de todos los vicios legales y abusos técnicos y políticos que ocurrieron durante el proceso electoral, las votaciones y el escrutinio.
Se puede comprender que argumentos tan deleznables sean esgrimidos por voceros del régimen orteguista, el perpetrador del descarado fraude electoral del domingo pasado que ha sido peor que el de las elecciones municipales de 2008 y una copia fiel de las farsas electorales que ponía en escena el somocismo. Pero que provengan de personas que son o se dicen demócratas, algunas de las cuales incluso lucharon valientemente contra la dictadura somocista y la primera dictadura sandinista, es realmente lamentable.
En realidad, aunque sea ridículo el argumento de que quienes participaron en las elecciones no tienen derecho de denunciar el fraude, no hay que pasarlo por alto. Ante todo porque la participación de la oposición en las elecciones y la concurrencia de los ciudadanos a los Centros de Votación y Juntas Receptoras de Votos, para sufragar por los candidatos de su preferencia, no ha sido un cheque en blanco dado al orteguismo para que hiciera lo que le viniera en gana con las elecciones.
La participación en las elecciones, tanto de la oposición como de los ciudadanos, es un derecho fundamental de la persona humana y de las organizaciones políticas, el cual está consagrado y es protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Nicaragua. Los derechos humanos y políticos, incluido el electoral, existen para ser ejercidos y tienen que ser practicados a pesar de los obstáculos, abusos, represiones y fraudes que cualquier poder autoritario realice para impedir que los ciudadanos y las organizaciones políticas y cívicas los ejerzan efectivamente.
Además, una parte esencial del ejercicio de los derechos humanos y civiles es la denuncia de los abusos y las arbitrariedades, incluyendo el repudio a fraudes electorales como el del domingo pasado que lesiona la dignidad humana y ofende la conciencia de las personas honestas y demócratas, de Nicaragua y de todo el mundo.
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