Moisés Martínez
Las elecciones mas “inverosímiles de la historia” como denominó el escritor Sergio Ramírez Mercado a los comicios presidenciales de hoy, tienen su punto de partida en el hecho que los contadores de votos de este proceso son magistrados de facto, responsables del fraude electoral del 2008, y que además están señalados de malversar 407 millones de córdobas abusando de un procedimiento administrativo denominado “anticipos por justificar”. Para Roberto Courtney, director ejecutivo del organismo cívico Ética y Transparencia, la única forma de enfrentarse a este sistema electoral colapsado es por medio del voto masivo y que cada “ciudadano sea un observador”.
:::¿El punto de partida de desconfianza general son los magistrados o el sistema electoral en general?
Desde el punto de vista técnico hay un diseño, que es el menos recomendable. Técnicamente lo llamamos un sistema bipartidista de control mutuo. Pero además, este diseño ha colapsado y ahora tenemos un sistema que es controlado totalmente por el partido de gobierno. Como segundo punto, tenemos el fraude electoral del 2008, en el cual se violentó la voluntad popular en 30 municipios de forma flagrante.
:::¿Técnicamente era necesario que los magistrados electorales , como el mismo sistema electoral, hubiesen sido cambiados antes estas elecciones?
En este nivel, es un hecho que el sistema se encuentra colapsado. En este esquema, el reemplazo de personas no hubiese caminado muy lejos en materia de establecer algún balance o control institucional. Lo que sí se hubiese subsanado y hubiese sido un punto de partida con cambiar a los magistrados, es el enorme tema de la corrupción. Hubiera sido difícil que entraran nuevos magistrados a administrar el proceso electoral este año, y tenido la capacidad de saquear una cuarta parte del presupuesto (nacional), como hicieron los anteriores.
:::¿Qué tan nociva resulta esa conexión entre la administración del proceso electoral y los múltiples escándalos de Roberto Rivas?
Ética y Transparencia ha dispuesto a través de su sitio web y medios de comunicación impresos un formulario de observación electoral, que de acuerdo con Roberto Courtney, su director ejecutivo, es el mismo que utilizan sus observadores capacitados.
El formulario, luego que sea llenado por el ciudadano, queda a su disposición para compartirlo con Ética y Transparencia o guardárselo para sí mismo. “No es solo que nos interesa conocer lo que la gente opine, sino que la gente opine, que opine con quien quiera, pero que opine”, explicó.
[/doap_box]
Pasa a ser una debilidad. Veamos los hechos: el Consejo Supremo Electoral presenta como válida una factura por dos millones de córdobas, de Ferretería Richardson y de pronto sale Ferretería Richardson diciendo que no vendía esos materiales, que nunca ha vendido al Consejo Supremo, mucho menos por esa cantidad, y que la copia de esa factura dice que fue por 20 córdobas para dos baterías de radio. Y esa es solo la peor de las evidencias. Son un montón de cheques a nombre de negocios que no existen, o no están registrados, si buscas en la dirección física no los encontrás. Cuando estás hablando de ese nivel de atrocidad, se traduce en una clara vulnerabilidad política. Con investigaciones que podrían terminar hasta en la cárcel, esa persona está sujeta a todo tipo de chantajes, y eso es algo que hemos detectado.
:::¿Definitivamente un funcionario señalado de ser tan corrupto no puede ser quien cuente los votos?
En eso no necesitamos hacer alguna controversia. Si para alguien, el hecho de sus infidelidades con el buen manejo de la cosa pública, y la corrupción del aparato electoral en materia financiera, no necesariamente significa que cuente mal los votos, pues pongámoslo por aceptado y digamos que pueden ser dos cosas separadas. Pero, sigue siendo cierto que su incidencia con estas infidelidades, tanto con el manejo de la cosa pública, como en el manejo de los votos, está plenamente comprobado. En materia política es bastante claro que la vulnerabilidad de un funcionario público pegado por casos de corrupción siempre se traduce en una situación de rehén ante el que tiene la evidencia o ante el que te puede defender de caer en la cárcel.
:::¿Pero esto puede resultar chocante para el sentido común de quien quiera ejercer su derecho al voto, que alguien señalado de alterar facturas o la misma voluntad popular sea quien nuevamente esté a cargo de contar los votos?
En cierta manera, a ese sentido común del ciudadano es que nosotros apelamos como una herramienta muy importante y a la que nunca debe renunciar un ciudadano. A eso apostamos con nuestra campaña de que cada nicaragüense sea un observador. Ya existe la metodología, ya existe el conocimiento de cómo observar unas elecciones, se lo estamos transmitiendo a la ciudadanía, para que así cada nicaragüense pueda hacer su criterio sobre la calidad del proceso electoral y la confianza en sus resultados.
:::Para después de estas elecciones, ¿estos magistrados no deberían estar más dirigiendo el aparato electoral?
Yo lo llevaría más lejos. El sistema electoral está colapsado, en estas circunstancias pongás al que pongás va a tener enormes problemas. Hay que restablecer un sistema confiable, que no esté bajo control de un partido político. Después de estas elecciones tenemos que rediseñar el sistema electoral. Tenemos el peor sistema electoral de Latinoamérica. Concurren a estas elecciones cuatro, de cinco partidos, diciendo que no creen en el sistema, y diciendo que si no vienen observadores internacionales, esto ya lo doy por robado. Eso no está ocurriendo en ninguna otra parte, solo aquí.

:::Pero mas allá del colapso técnico del sistema, ¿qué tan peligroso es que el proceso sea administrado por una entidad que no pudo justificar 407 millones de córdobas?
No ayuda al clima de transparencia electoral, ni de fidelidad al conteo de votos. No estamos hablando de guardar apariencias, estamos hablando de poner personas idóneas por lo menos en algunos de los aspectos relacionados con el cargo, como puede ser la administración de los recursos del presupuesto de forma convincente y adecuada. No estamos solo hablando de respetar la voluntad popular, sino que en un país pobre, con un tercio de los niños fuera de las escuelas, es verdaderamente atroz que el gasto per cápita del aparato electoral por cada voto sea tres o cuatro veces mayor que en el resto de la región. Y está comprobada que una cuarta parte de este presupuesto es usada de forma licenciosa y criminal.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A