Elízabeth Romero
El coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que el Gobierno promueve la impunidad en el caso de la niña de 12 años, que dio a luz a un bebé producto de una violación, al ignorar las instituciones estatales que ese delito puede ser perseguido de oficio.
“Esa es una práctica de este sistema estatal… esa es una forma de gobernar y de tratar estos temas de abuso sexual manejados como asuntos de intimidad familiar… esto es asunto de ofensa de la sociedad y el Estado no tiene excusa para no investigar”, sostuvo Carrión.
Además recordó el defensor de derechos humanos que en el caso concreto de la niña que fue violada, los sistemas de protección de derechos humanos “señalan que someter a niñas violadas a un embarazo forzado es someterla a tratos crueles y esa es tortura. Más grave todavía es que lo exhiban a nivel de Estado”.
Carrión aclaró que el organismo no cuestiona el nacimiento del bebé que fue producto de la violación a la niña de 12 años, pero sí criticó que el recién nacido haya sido presentado “como un trofeo y una victoria”, en abierta alusión a las publicaciones de los medios oficialistas.
El Estado exhibió otra irresponsabilidad, a nivel de la primera dama y a nivel de la Policía, porque sigue sosteniendo que no tiene información del caso, señaló el defensor de derechos humanos.
Bertha Inés Cabrales, coordinadora nacional del colectivo de mujeres Itza, expresó que solo en el albergue de Somoto, en septiembre pasado tuvieron que albergar a 12 niñas embarazadas producto de violación. Y en octubre otras seis. Algunas niñas llegaron del colegio a solicitar apoyo. Dijo tener información que en Jalapa hay una situación similar.
Según Cabrales de estos casos hay niñas que han sido víctimas de varios agresores sexuales. Mencionó el caso en particular de una niña que varios de sus parientes abusaron de ella, y en el colectivo debieron brindar terapia a su madre que la responsabilizaba más bien de la situación sufrida.
Para Cabrales esta situación “se ha vuelto una pandemia en el país”, mientras el Estado no se responsabiliza de perseguir y castigar a los agresores.
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