Editorial: La presidenta Cristina y Ortega
La presidenta de Argentina, doña Cristina Fernández viuda de Kirchner, se adjudicó un contundente triunfo electoral en los comicios del domingo pasado, al recibir casi el 54 por ciento de los votos y quedar con un 37 por ciento encima de su más cercano competidor, para asegurar su reelección a otro mandato presidencial de cuatro años.
La presidenta argentina es la lideresa del movimiento peronista, variante argentina del populismo latinoamericano, y por lo tanto es afín a los gobernantes de esa misma corriente autoritaria que detentan el poder en América Latina, como Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo la señora Fernández ha mantenido su gobierno a una prudente distancia de la alianza populista regional chavista denominada Alba, seguramente porque Argentina es o tiene la pretensión de ser una subpotencia regional suramericana, aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y quiere formar parte de la comunidad internacional de países desarrollados o de mediano desarrollo. De manera que aunque sea populista, a la mandataria argentina no le conviene asociarse demasiado con caudillos de tan mala reputación mundial como Chávez, Ortega y compañía. Con ser sus amigos es suficiente.
Pero independientemente de que la presidenta Cristina sea una política populista, igual que lo es Ortega, es importante reconocer y destacar que ella ha sido elegida de manera transparente, en una elección que nadie ha reprochado. Sin duda que hubo algunas irregularidades en las votaciones del domingo pasado en Argentina, como de hecho ocurre casi en todas partes del mundo. Pero su reelección no estaba prohibida por la Constitución ni el proceso electoral fue turbio y fraudulento y en consecuencia los resultados de las elecciones argentinas han sido incuestionables y por eso fueron aceptados de inmediato por la oposición, pues tal ha sido la santa voluntad de los ciudadanos de ese país suramericano.
En Argentina ocurrió todo lo contrario a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Aquí Daniel Ortega ha hecho u ordenado hacer toda clase de trampas políticas y legales, ha violado la Constitución, ha manipulado la cedulación y el padrón electoral, ha convertido el Poder Electoral en un instrumento político personal y ha pervertido todo el proceso eleccionario. Es que Ortega sabe que a diferencia de la presidenta de Argentina, él no podría ganar una elección de manera legal, legítima, justa, limpia y honesta, y por eso ha distorsionado el proceso electoral.
La verdad es que Ortega ni siquiera debió presentar su candidatura a otra reelección presidencial, porque lo prohíbe expresamente la Constitución en su artículo 147. Su candidatura es inconstitucional, ilegal e ilegítima; y si además se impone en una elección que no sea justa y transparente, no podría seguir gobernando con la legitimidad nacional e internacional que es indispensable.
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