Gloria Picón Duarte
Agrupaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la amenaza de inhibición que existe sobre más de 50 candidatos a diputados de la alianza PLI y advirtieron que el hecho de que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que vaya a tomar una decisión final es inconstitucional, ya que es al Consejo Supremo Electoral (CSE) al que le compete.
“La CSJ no puede dictar alguna disposición que inhiba a estos candidatos, porque todo lo que es materia electoral perteneces al CSE. La propia Constitución Política en su artículo 173 establece que es al CSE al que compete, conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos”, explicó Carlos Tünnermann, miembro del Movimiento por Nicaragua.
Agregó que además es extemporáneo, porque ya pasó el periodo de impugnaciones, las candidatura fueron publicadas en la gaceta y los nombres ya están impresos en las boletas, “esa es una maniobra política que no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo Tünnermann.
Por su parte Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, expresó que están inventando causales cuando en el país hay una serie de candidaturas ilegales como la del presidente, tres vicealcaldesas y un extranjero.
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