Un magistrado sandinista de facto de la Corte Suprema de Justicia anunció que a mediados de la próxima semana dictarán sentencia sobre unos oscuros recursos de apelación que podrían sacar de la competencia electoral al candidato presidencial de la Alianza PLI, don Fabio Gadea Mantilla, y/o excluir a más de 50 de sus candidatos a diputados.
Por su parte, el magistrado y presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, ha advertido en relación con la misma alianza electoral opositora que después de las elecciones de noviembre podría cancelar las credenciales de diputados de las personas cuyas candidaturas han sido impugnadas por facciones disidentes del Partido Liberal Independiente. De manera que una espada de Damocles pende sobre la cabeza de la Alianza PLI, la cual, dicho sea de paso, es la única formación política participante en la campaña electoral atacada ferozmente no solo por el régimen orteguista, sino también por las otras alianzas supuestamente opositoras que participan en la campaña electoral.
En este escenario electoral turbulento llama la atención, ante todo a los diplomáticos de otros países y representantes de organismos internacionales, que sea precisamente el gobierno de Ortega el que directamente y por medio de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral meta más ruido y desconfianza a un proceso electoral que ya venía siendo irregular, debido a la candidatura inconstitucional e ilegítima de Daniel Ortega a otra reelección presidencial y por las agresiones de turbas oficialistas contra la oposición, las manipulaciones de la cedulación y el padrón electoral, el rechazo a observadores electorales nacionales y extranjeros independientes y confiables, etc.
Pareciera que el país no es gobernado por personas normales, sino por esquizofrénicos. La esquizofrenia —dice el Diccionario Médico en línea de la Universidad de Salamanca— es un “trastorno mental que impide diferenciar entre experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas emocionales normales y comportarse normalmente en situaciones sociales”. Como se puede ver, a esta definición científica de esquizofrenia se ajusta muy bien el comportamiento de quienes manejan el actual proceso electoral de Nicaragua.
En realidad, es por su propia naturaleza que cualquier gobierno trata de resolver los problemas sociales y facilita las relaciones de los ciudadanos con el Estado y los procesos institucionales. Eso es lo normal. Lo anormal y esquizofrénico es complicar deliberadamente los problemas y dificultar la vida de la gente, con arbitrariedades, agresiones e imposiciones.
La esquizofrenia gubernamental no admite la idea de que la gente se canse de tantas agresiones y que los ciudadanos se pongan en pie de lucha contra los que abusan de su patrimonio público y su paciencia. Pero eso es lo que ha ocurrido tantas veces en la historia nacional y no hay por qué dudar de que volverá a ocurrir.
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