Por Eduardo Enríquez
El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Managua, Robert Richard Downes, ha estado al frente de esa misión diplomática desde el pasado 19 de julio, cuando el embajador Robert Callahan abandonó el país al concluir su misión.
A estas alturas, el proceso de confirmación del embajador designado para Nicaragua, Jonathan Farrar, está todavía en el Senado, y ya está claro que Downes será el oficial de más alto rango de su embajada el próximo 6 de noviembre, cuando los nicaragüenses elijan a su próximo presidente en este proceso que para los nicaragüenses ha sido totalmente irregular. Pero Downes no es un extraño a las situaciones espinosas, tiene 30 años en el Departamento de Estado y a mediados de los noventa trabajó en las negociaciones del proceso de paz en Medio Oriente y entre 2005 y 2008 fue Consejero Político en Caracas.
Sin embargo, y tal vez por esa experiencia en relaciones “complicadas” —como él describe las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega— este economista y abogado es muy cauteloso cuando se le pide un juicio sobre el tema, y más bien enfatiza que lo que le interesa a su gobierno es que el proceso sea “transparente, imparcial y efectivo” pero aclara que al final será el pueblo de Nicaragua el que decidirá si el proceso se ajustó a esos parámetros.
Aunque esa misma experiencia es lo que le permite dejar ver entre líneas, que a su gobierno no ha dejado de tomar nota sobre todas las irregularidades que han ocurrido en los preparativos para las elecciones.
Este proceso electoral ha sido difícil para los nicaragüenses, pero desde el punto de vista de su gobierno, ¿cuáles son las expectativas?
Es importante para cualquier país que la gente tenga confianza en la elección, en el proceso, que sea transparente, imparcial y efectivo. Las expectativas y cómo se conducen las elecciones, al final, no es el juicio de un gobierno extranjero. El pueblo de Nicaragua es el que tiene que decidir cómo fueron dirigidas las elecciones. Nosotros podemos proveer asistencia imparcial para algunas actividades y donde veamos irregularidades pues las comentaremos.
Su embajada solicitó participar en estas elecciones como observadores, esa solicitud fue denegada por el Consejo Supremo Electoral. ¿Esta solicitud es inusual?
El diplomático hizo énfasis en que su misión no tiene “una agenda secreta”: “Nosotros hacemos las cosas normales que hacen todas embajadas de nuestro país, pero además tenemos cuatro temas que deseamos trabajar en Nicaragua, en cuanto nuestras prioridades.
“Nuestra meta es trabajar para una Nicaragua más próspera, con fuertes instituciones democráticas, crecimiento económico y el bienestar de los nicaragüenses. Para esto trabajamos con los sectores públicos y privados, para fomentar el crecimiento económico, lo que incluye una amplia variedad de actividades”.
Entre esas actividades cita la cooperación de USAID, que ha entregado unos 30 millones de dólares al año por los últimos cinco años para programas de seguridad alimentaria, además la agencia ha contribuido, dice, con los esfuerzos del gobierno y de otros donantes para bajar la mortalidad infantil.
“Otra área en la que estamos trabajando con mucho éxito es en la lucha contra el narcotráfico, principalmente con la fuerza naval, pero también hasta cierto punto con la Policía, con la que tal vez podríamos hacer más”.
“Otra área muy importante es la preparación frente a los desastres naturales, a los que Nicaragua es muy propensa”.
“El departamento de Agricultura (de Estados Unidos) tiene una varios proyectos que proveen recursos a algunos programas del gobierno por la cantidad de 10 millones de dólares al año con el Magfor”.
“En un área en la que a veces no estamos de acuerdo es en trabajar con la sociedad civil”, dice Downes, y particularmente este problema se hace notar en el apoyo que dan a “grupos imparciales de observación. Es un área en la que nosotros damos algún apoyo… y a veces el gobierno nos ha cuestionado por hacer eso”.
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No es un proceso inusual, está bastante establecido. Nosotros fuimos acreditados por el gobierno y el CSE en 2006 para ser observadores, hay algunas personas en esta embajada que fueron observadores en esa época. En 2009 pedimos al gobierno de El Salvador ser acreditados en esas elecciones y las recibimos. Este año se lo solicitamos al gobierno de Guatemala, esos son solo ejemplos, pues lo hacemos todo el tiempo y en todas partes del mundo, pero habiendo dicho eso, acreditarnos o no es un derecho soberano del gobierno y nosotros lo respetamos.
La semana pasada el señor Roberto Rivas dijo “los gringos son unos bárbaros por lo que están pidiendo” en referencia a su solicitud. ¿Qué fue exactamente lo que pidieron?
Yo no quiero comentar sobre declaraciones personales, estamos interesados en el proceso, pero si quiere saber lo que dijimos es que una observación electoral robusta, particularmente realizada por observadores nacionales independientes, ayuda a la transparencia del proceso y la confianza que la gente tiene en el proceso. Así que no es tan importante que esta misión tenga acreditación, es más importante que los observadores nacionales la tengan, por lo que pedimos fuéramos acreditados y le pedimos respetuosamente al gobierno que a estos observadores independientes nacionales que la han solicitado se les dieran los mismos privilegios que se les están dando a los observadores extranjeros, por ejemplo a los europeos. Nosotros creemos que no es solo saludable sino justo que a los observadores nicaragüenses de se les dé el mismo trato.
Pero el presidente del CSE anunció que no acreditará a Hagamos Democracia… ¿En esa solicitud que ustedes hacían se incluía al grupo Hagamos Democracia?
Sí.
¿Qué piensan de esta decisión del Consejo?
Yo no sé si el CSE ha emitido una decisión formal. Vamos a esperar una respuesta formal. Tanto como la acreditación de extranjeros es una decisión soberana del gobierno, es también la decisión del gobierno si acredita a los nacionales y le queda al pueblo de Nicaragua responder sobre esa decisión.
La semana pasada el empresario José Antonio Baltodano en nombre de Funides pidió un proceso creíble, por lo que usted ha dicho aquí queda claro que coinciden con esta solicitud, pero ¿qué describe para ustedes un proceso creíble?
Una de las cosas sería educación al votante. Así que no solo los partidos políticos sino el ciudadano promedio sepa lo que va a suceder el día de las elecciones. Un proceso en el que todos los que están aptos para votar tengan acceso claro al registro (cedulación), que el padrón electoral esté actualizado y que saquen a los que han muerto o los que han emigrado. Estas características no son exclusivas de este proceso, es lo que uno esperaría en cualquier proceso electoral creíble. Que los partidos y los observadores independientes tendrán la oportunidad de ver los resultados. Que el público tenga la confianza que la votación es hecha de manera transparente y eficiente.
Lo importante es que la gente entienda lo que está sucediendo y que tenga confianza en los resultados.
¿Pero el hecho que el proceso es organizado por un Consejo de facto, que el presidente está postulándose en contra de la Constitución y que el proceso de cedulación fue señalado de irregular, ensombrece el proceso?
Todo lo que ha pasado afecta la elección y la confianza de las personas en el proceso. Si vamos al tema de la observación siempre se dijo que debería de comenzar temprano; en el caso de las elecciones de 2006, la OEA tenía gente aquí en marzo para que observara el proceso completo.
¿Pero estos temas específicos que le mencioné preocupan a su gobierno?
A nosotros nos preocuparon las irregularidades que caracterizaron las elecciones municipales del 2008. Y no solo (es) la opinión del gobierno de Estados Unidos. Otros gobiernos y mucha gente ha cuestionado esas irregularidades y nosotros esperaríamos que el gobierno tomara medidas para que esas irregularidades no se repitan o que se cometan irregularidades similares en este proceso, pero si usted va a ver temas específicos, entonces, le digo que va a ser la decisión del pueblo de Nicaragua sobre la imparcialidad, la efectividad y la transparencia de estas elecciones.
Resultado del fraude de las elecciones del 2008 fue que la Cuenta Reto del Milenio fuese cancelada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Podemos prever acciones similares en caso de que el resultado de estas elecciones no sea creíble?
En realidad en lo que nos estamos enfocando es en el proceso, no quisiera especular en actividades en el futuro.
El hecho de que el Congreso de los Estados Unidos esté en control de los republicanos, muchos de ellos que no ven con buenos ojos a este gobierno, puede tener un efecto en las relaciones entre ambos gobiernos?
Una cosa que hay que hacer notar en Estados Unidos y en otros países donantes es que ahora tienen fuertes restricciones en sus presupuestos. Muchos países donantes han decidido salir de Nicaragua. Estados Unidos no se va a ir, va a seguir trabajando con el pueblo de Nicaragua, pero tenemos restricciones presupuestarias. Esperamos que no habrá en esta ocasión las irregularidades que caracterizaron las elecciones municipales del 2008.
Ya tenemos dos meses sin un embajador de su país. ¿Cómo debería leer el gobierno del presidente Daniel Ortega este retraso?
No hay nada nuevo que le pueda decir en lo que se refiere al caso del embajador para Nicaragua. La nominación del embajador designado para Nicaragua todavía está en el Senado y algunos senadores han expresado preocupación sobre la nominación del embajador designado, Jonathan Farrar. Esto es parte normal de nuestro proceso constitucional. El Senado tiene el derecho y la obligación de aprobar diferentes nominaciones, entre las que están las de los embajadores. Es un proceso permanente y mucho de lo que sucede con esta nominación en particular tiene más que ver con temas entre los poderes legislativos y ejecutivo de Estados Unidos y no con Nicaragua.
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