El Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado solo con magistrados de facto, le negó al organismo cívico independiente Hagamos Democracia la acreditación de observador en las elecciones del próximo 6 de noviembre. Además, el CSE de facto rechazó la solicitud de la Embajada de EE.UU. para observar los comicios, e increpó a las autoridades de ese país a que “aprendan a respetar” al poder orteguista.
Al mismo tiempo, el presidente de facto del CSE y un magistrado orteguista de la Corte Suprema de Justicia, que también es de facto, advirtieron que en los próximos días podrían resolver unas extrañas apelaciones o impugnaciones de miembros disconformes del Partido Liberal Independiente (PLI), lo que se ha entendido como una amenaza de cancelar las candidaturas de la alianza PLI o revocar, después de las elecciones, las credenciales de quienes resultaren elegidos por dicha coalición.
Al parecer el régimen orteguista está convencido de que se va a imponer en las elecciones del 6 de noviembre, por las buenas o por las malas, y pretende chantajear a la alianza PLI para obligarla a reconocer el triunfo de Daniel Ortega, incluso desde ahora, a cambio de concederle el segundo lugar de las votaciones y permitir que los diputados opositores puedan desempeñar sus cargos en el siguiente período de gobierno. Obviamente, en el caso de que la alianza PLI no se someta a ese chantaje, el segundo lugar sería adjudicado a Arnoldo Alemán y su partido PLC, con el cual Ortega tiene un pacto que le ha sido muy provechoso y podría seguir entendiéndose fácilmente, a cambio de mantenerle una discreta “cuota de poder”.
Lo cierto es que todas las arbitrariedades con las que Daniel Ortega ha venido contaminando el proceso electoral, indican que no le importa que las elecciones del 6 de noviembre próximo no sean transparentes ni creíbles. Le tiene sin cuidado que las elecciones sean calificadas como ilegítimas y que la oposición no acepte sus resultados ni los reconozca la comunidad democrática internacional. Seguramente Ortega está convencido de que la oposición de Nicaragua y la comunidad democrática internacional son timoratas e inútiles, que la primera es incapaz de realizar acciones importantes e impactantes de protesta contra los abusos gubernamentales, y que la segunda no tiene interés ni voluntad de actuar en ninguna forma contra un régimen que atropella las normas y principios más elementales de la democracia electoral.
Sin embargo, si los ciudadanos opositores e independientes van a votar masivamente el 6 de noviembre, en vez de abstenerse como quiere Daniel Ortega, las maniobras fraudulentas podrían ser derrotadas como ya ocurrió en 1990. Y de cualquier modo, si de todas maneras Ortega se va a imponer mediante el fraude la votación masiva de la oposición sustentaría mucho mejor la denuncia de ilegitimidad de las elecciones y sus resultados, ante Nicaragua y la comunidad internacional.
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