Por César Ubeda bravo
Ante tantas anomalías provocadas por el CSE, la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, considera que los partidos políticos deben exigir el respeto a la Constitución y Ley Electoral, porque “estamos en presencia de los comicios más accidentados, llenos de irregularidades y debilidades institucionales en toda la historia electoral de Nicaragua”, dice Zelaya. Agrega que, dependiendo de las circunstancias, incluso puede darse la necesidad de realizar nuevamente las elecciones bajo los parámetros adecuados de transparencia.
No obstante, invita a la población a votar masivamente y defender su voto y con ello la democracia y la precaria institucionalidad.
El anuncio oficial del CSE que habrá una sola boleta, ¿qué artículos de la Ley Electoral contradice?
En su momento, en el parlamento nacional fue muy discutida la separación de las fechas de las elecciones nacionales de las municipales, alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales y las regionales de la Costa Atlántica Norte y Sur. Asimismo, se normó sobre realizar las votaciones en boletas electorales separadas por cada una de las autoridades a elegirse, y así quedó consagrado en los Artos. 115 y 116 de la Ley Electoral vigente, en cuyo numeral 4, textualmente dice: “El votante marcará en cada boleta electoral con una ‘x’ o cualquier otro signo en el círculo de su preferencia y la introducirá debidamente doblada en la urna electoral correspondiente”.
Se aprecia con claridad la voluntad del legislador al respecto y en la práctica así se ha realizado en las elecciones subsiguientes. De tal forma que no pueden, los señores que están en el CSE, ir contra la Ley Electoral que expresamente está señalando la obligatoriedad de votar en boletas electorales separadas y depositarlas en urnas electorales separadas.
No existe ninguna razón valedera, a mi juicio, para establecer la boleta única, es contra legis y además va contra cualquier práctica procedimental.
Son de diferentes aspectos. El primero es legal: los magistrados del CSE no han sido electos por la Asamblea Nacional, ellos han elegido a los miembros de los CED, CER y estos a las JRV, e incluso sin respetar las mismas reglas del juego establecido en la Ley Electoral, al dejar por fuera en muchas JRV a miembros procedentes de organizaciones políticas importantes, como la alianza PLI.
De manera que la propia autoridad electoral está cuestionada por un importante sector de las organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Iglesia católica y evangélica, de la ciudadanía, y de las propias organizaciones políticas participantes en las elecciones, que han dicho que están participando bajo protesta.
El segundo aspecto, las actuaciones erráticas o deliberadas del presidente y magistrados de hecho del CSE han creado incertidumbre o desconfianza sobre su imparcialidad y profesionalismo, misma que debe tener un funcionario electoral al servicio de la ciudadanía y de las organizaciones políticas sin distingos de ninguna naturaleza.
Y finalmente están las deficiencias técnicas administrativas en diferentes áreas como en la cedulación ciudadana, tildada además, por muchos, de parcializada a favor de determinados intereses políticos. No disponen de datos depurados del padrón electoral.
No es posible que estén trabajando con cifras estimadas de ciudadanos fallecidos o fuera del país en pleno siglo XXI y con tanta tecnología a disposición, de manera que no se sabe a ciencia cierta el número de ciudadanos aptos para votar, ni han hecho auditoría al padrón. No permitieron la presencia de fiscales en la verificación electoral a pesar que les corresponde legalmente que los acrediten.
El CSE está aplicando de forma antojadiza las leyes de la República con diferentes raseros, llegando al inverosímil de aplicar leyes de otros países para excluir a candidatos de organizaciones políticas, sin embargo ratifica la inscripción de otras candidaturas a pesar de tener impedimentos constitucionales, etcétera.
[/doap_box]
Los efectos serán voto cascada, que va en contra del pluralismo político, establecido en nuestra Constitución. Puede provocar numerosos votos nulos y discusiones frecuentes en el seno de las JRV, provocará atrasos en la trasmisión de resultados provisionales y los definitivos, lo que provocará incertidumbre e inseguridades por las existentes suspicacias desde ya en el órgano electoral.
Desde el punto de vista práctico, tampoco se aprecia cómo funcionaría una boleta única en 4 elecciones simultáneas a realizarse. Cuando además, los diseños de boletas han evolucionado a tal punto, que desde 1996 la boleta electoral de Presidente de la República lleva una fotografía del candidato correspondiente.
Por otra parte, el CSE debería de haber presupuestado lo concerniente a las boletas electorales. Todos sabemos, y con mucha mayor razón el organismo electoral, que correspondía realizar estas elecciones el 6 de noviembre del 2011, desde que se realizaron hace 5 años las anteriores, de manera que tampoco puede esgrimirse esto como razón valedera.
¿Los partidos deben participar con reglas cuestionadas?
Corresponde en primer lugar a las organizaciones políticas participantes en las elecciones demandar, exigir, plantear al CSE el respeto y cumplimiento de la Ley Electoral; además, a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, ya que los temas de la democracia son de interés nacional. Decíamos que son muchas las reglas quebrantadas y que prácticamente las organizaciones políticas están jugando bajo protesta. Lo que denota, y es lamentable, el retroceso institucional que en materia electoral y legal hemos llegado en Nicaragua.
DESESTIMULAR A ELECTORES
A su juicio, ¿existe una clara intención política tomando en consideración que estamos a un mes de las elecciones?
Es sorprendentemente que la mayoría de las situaciones irregulares planteadas durante este proceso electoral las provoque el propio Consejo Electoral, que es el organismo que por ley debe organizar, dirigir, administrar y supervisar el cabal cumplimiento del proceso electoral y las elecciones.
Ante tan repetidas circunstancias provoca especulaciones, que si será para desestimular la concurrencia de los electores a las urnas, tener un “pretexto” de por qué se está retardando en dar los resultados; en fin, da para mucho.
Confío en que los señores que están en el CSE recapaciten y en esta ocasión cumplan y respeten la Constitución Política y la Ley Electoral y que los afectados que somos todos sepamos defender nuestros derechos legales y constitucionales.
Todo lo anterior nos debe de llevar a concluir que todos los y las nicaragüenses debemos ir a votar para de una manera cívica iniciar el cambio hacia una verdadera democracia, eligiendo a aquellos candidatos que creamos que de forma genuina y real trabajarán por ello, tanto como Presidente de la República, como diputados ante la Asamblea Nacional o ante el Parlamento Centroamericano.
¿Por qué el CSE elabora un Reglamento de Acompañamiento que no contempla la Ley Electoral?
Francamente, no tiene sentido legal ni lógico. La Ley Electoral establece la observación electoral únicamente, y no es solo semántico, sino que al señalar en el reglamento los alcances del acompañamiento se aprecia una intencionalidad de restringir el trabajo del observador, por ejemplo limitándolo a acompañar el proceso en rutas preestablecidas por el propio observado o “acompañado”, y al brindar declaraciones públicas en libertad, solo pueden hacerlo habiendo “consensuado”. Cuando por antonomasia al observador se le deben de dar amplias facilidades para que pueda presenciar e indagar lo que estime conveniente en el proceso electoral. Estos aspectos fueron superados en acuerdos específicos con la Unión Europea y con los otros organismos de observación electoral nacional e incluso internacional.
En el caso de Hagamos Democracia e IPADE, el CSE no ha atendido positivamente sus solicitudes de acreditación de observadores y ya estamos a escasos días de las elecciones.
¿Por qué ahora el CSE no muestra la apertura de elecciones anteriores en materia de observación electoral?
Las actuales personas en el CSE han venido restringiendo y limitando la naturaleza de la observación electoral, que per se, es más bien coadyuvante de la credibilidad de los resultados electorales, con el agravante que estas elecciones nacionales hemos visto que son las más accidentadas, llena de irregularidades y debilidades institucionales en toda la historia electoral de Nicaragua.
SI PARTICIPAN MALO Y SI NO PEOR
Con un proceso electoral cuestionado, ¿qué credibilidad tiene el proceso y qué legitimidad tendrán los resultados?
La situación es muy crítica, las organizaciones políticas están al equivalente del dicho “si participan malo y si no participan peor”, porque dejarían vía libre a una votación con candidatos de una sola cara.
Por otro lado, participar les crea mucha incertidumbre y temores de que no les cuenten bien los votos, con el agravante de lo ocurrido en las últimas elecciones municipales y en las anteriores nacionales del 2006, de las cuales el CSE aún no ha dado los resultados finales totales —falta el ocho por ciento—, ni los datos por junta receptora de votos, siendo en las elecciones de 1996 la última vez que se entregaron de forma completa por JRV, municipios, departamentales y nacionales.
No obstante todas estas situaciones de irregularidades y de anomalías de todos los tamaños y trascendencias, la ciudadanía está clara de la importancia de ir a las urnas a votar y de que debe defender su voto y con ello la democracia y la precaria institucionalidad.
Se debe evitar a toda costa, volver a situaciones de violencia, guerras civiles, manipulaciones y fraudes electorales. Solo las elecciones con transparencia y equidad electoral producen legitimidad de los electos de lo contrario tendremos impugnaciones, quejas y denuncias por doquier y serán autoridades cuestionadas permanentemente en su ejercicio nacional e internacionalmente.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
