Por Elízabeth Romero
Los partidos políticos y la Contraloría General de la República (CGR), deberían investigar la denuncia efectuada a LA PRENSA por fuentes extraoficiales sobre las intenciones del Centro de Investigación y Estudios Estadísticos (CIEN), así como el uso de recursos del erario. La denuncia indica que el pago de los empleados de CIEN, quienes se hacen pasar como “encuestadores”, es a través de instituciones del Estado.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, dijo tener información de que “muchos trabajadores del sector público, aun en contra de su voluntad, están participando en una serie de actividades”, en la que incluye a CIEN. Y refirió que tienen conocimiento que los 400 jóvenes que LA PRENSA informó ayer y que fueron movilizados a diferentes zonas del país para reportar los resultados de los comicios el próximo 6 de noviembre, son militantes del Frente Sandinista.
Para Gonzalo Carrión, coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la existencia de CIEN denota que el partido de gobierno está haciendo “cualquier cosa para que no se escape la reelección”.
Esto es igual que la boleta única que no está establecida en la Ley Electoral, que es de rango constitucional. Carrión dijo que la CGR debería averiguar el uso de los recursos del erario.
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