La periodista Silvia González, quien era corresponsal de El Nuevo Diario en Jinotega y antes desempeñó ese mismo trabajo para el Diario LA PRENSA, decidió refugiarse en otro país ante las constantes amenazas de muerte que estaba recibiendo por su labor periodística, especialmente la publicación de denuncias de corrupción y abusos de poder en esa localidad del norte de Nicaragua.
González había denunciado ante organismos de derechos humanos y autoridades de Policía, las amenazas de muerte recibidas. Inclusive acusó a un miembro del partido oficialista FSLN, muy conocido en Jinotega. Pero la Policía no investigó el asunto ni brindó protección a la periodista amenazada y a los miembros de su familia.
Este no es el primer caso de un periodista que se ve obligado a irse del país bajo el régimen de Daniel Ortega. Varios se han tenido que marchar por la falta de empleo que ha provocado la monopolización oficialista de la mayor parte de los medios de comunicación, por la negación de publicidad gubernamental a los medios independientes, por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y por el ambiente público cada vez más hostil al ejercicio del periodismo libre.
Sin embargo el caso de Silvia González es el primero de un periodista que huye de Nicaragua, por temor a ser asesinado igual que han matado a otros profesionales del periodismo, como el periodista sandinista disidente Carlos José Guadamuz. Mencionamos precisamente el asesinato de Carlos Guadamuz, el cual ocurrió el 10 de febrero de 2004, porque el asesino confeso, un militante del FSLN, declaró que no lo había matado por orden de su partido sino porque no podía tolerar que el periodista publicara críticas y denuncias contra sus dirigentes. Y cabe recordar que antes de ser asesinado el periodista Guadamuz había recibido constantes amenazas de muerte.
Actualmente, el régimen orteguista ha creado un ambiente de hostilidad contra los medios y periodistas independientes, a los que sistemáticamente califica como sus enemigos. Los funcionarios orteguistas arguyen que las informaciones y denuncias sobre ineficiencia y corrupción gubernamental son “campañas mediáticas”. Para ellos lo malo no es incumplir su deber, abusar de los cargos públicos, violar la ley y apropiarse de los recursos del Estado, sino que los periodistas los denuncien. En ese morboso clima de intolerancia cualquier fanático oficialista podría hacer lo que hizo el asesino de Guadamuz.
A principios del año pasado, el directivo del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría, visitó el país para examinar la situación de la libertad de prensa. Lauría denunció entonces que se habían registrado preocupantes “acciones de intimidación y difamación” contra los medios independientes. Situación que continúa y se confirma con el caso de la periodista Silvia González, quien ha debido huir del país por temor a que se concreten las amenazas de muerte.
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