En el memorando se habla de “acompañamiento u observación”, lo cual es una mutua concesión diplomática ante la insistencia de las autoridades orteguistas en imponer el término “acompañamiento” (a pesar de que la Ley Electoral habla de observación), y el respeto europeo al concepto de observación electoral, que es lo que consagran documentos internacionales como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el Manual de Observación Electoral de la Unión Europea.
De manera que al menos en el papel se ha garantizado la eficacia de la observación electoral europea en los comicios de noviembre próximo, con la libertad de movimiento de los observadores europeos, el acceso sin restricciones a los centros de votación y escrutinio, el derecho del jefe de la misión a expresarse libremente y otros requisitos indispensables para que la observación sea seria y creíble, no la farsa que han pretendido las autoridades de facto del Consejo Supremo Electoral.
Ahora será responsabilidad de los observadores europeos actuar con independencia y honestidad, escuchar a los distintos actores del proceso electoral y no solo a los representantes oficialistas, decir la verdad de lo que vean, oigan y verifiquen, expresar si de acuerdo con su criterio y las evidencias que obtengan las elecciones fueron justas o amañadas, pero no solo en el acto de la votación y el escrutinio sino a lo largo de todo el proceso electoral.
Pensamos que con igual compromiso tienen que actuar los otros organismos internacionales de observación electoral, los cuales deben solicitar la acreditación para observar las elecciones en las mismas condiciones logradas por la Unión Europea. Y en cuanto a los organismos nacionales, a nuestro juicio ha hecho muy bien el Ipade al solicitar la acreditación de sus observadores electorales con iguales condiciones y garantías que los observadores de Europa. Lo mismo deben hacer los otros organismos nacionales de observación electoral independiente, y si las autoridades electorales de facto les niegan la acreditación eso sería una evidencia de que no están garantizando la transparencia de los comicios.
Inclusive está bien que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) haya solicitado acreditar unos 20 mil estudiantes universitarios como observadores. Solo que estando el CNU sometido al orteguismo, no hay que perder de vista que sus “observadores” pueden ser usados como turbas y fuerza de choque para impedir que los observadores nacionales independientes se acerquen a los centros de votación y escrutinio, y para agredirlos.
