Este domingo 11 de septiembre se conmemora el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, Perú, en el vigésimo octavo (28) período de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
El principio y sentido esencial de la Carta Democrática Interamericana lo resume su artículo primero, en el cual se proclama y confirma que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Establece también la Carta, en su artículo 4, que aparte de las elecciones libres son componentes esenciales de la democracia “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Y agrega con meridiana claridad que “la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
En consecuencia con esos principios, la Carta Democrática Interamericana prevé que la OEA debe ejecutar las medidas que sean pertinentes “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. Lo cual se refiere no solo al tradicional golpe militar de Estado sino también a la alteración de la institucionalidad democrática, la constitucionalidad y el Estado de Derecho que se haga desde el mismo gobierno.
Desde la perspectiva del derecho internacional y de la doctrina democrática y de derechos humanos, la Carta Interamericana de la OEA representa un gran paso adelante, es como una luz que resplandece en las Américas y en su mayoría los gobiernos del hemisferio occidental respetan sus principios y cumplen sus mandatos. Sin embargo, la credibilidad de la Carta Democrática es ensombrecida en aquellos países donde los gobernantes irrespetan sus principios y violan de manera impune y descarada las normas básicas de la democracia.
Nos referimos a los países miembros de la alianza internacional de regímenes autoritarios conocida como Alba, pero sobre todo a Nicaragua, donde Daniel Ortega fue elegido democráticamente pero en el ejercicio del poder ha suprimido la división e independencia de los poderes estatales, ha socavado el Estado de Derecho, viola la Constitución y las leyes de manera deliberada y sistemática, gobierna por decreto, atropella los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos.
De hecho Daniel Ortega ha asestado un golpe de Estado que vulnera la Carta Democrática Interamericana de la OEA, la cual sin embargo no hace nada para obligarlo a respetar y cumplir ese solemne compromiso de derecho internacional que fue adoptado hace diez años.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 A
