Desde el lunes de esta semana, la comisionada general Aminta Granera es directora general de facto de la Policía, la cual se sigue llamando nacional pero poco a poco está volviendo a ser partidista, sandinista y orteguista.
Se ha dicho y demostrado muchas veces en los últimos días, que la ley establece el período improrrogable de cinco años para el Director General de la Policía, después del cual obligatoriamente debe ir a retiro. Así lo consigna de manera expresa la Ley 228 (Ley de la Policía Nacional), en su artículo 88, y no es cierto que por estar la institución policial sometida a la autoridad civil del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 97 de la Constitución, Daniel Ortega tiene la facultad legal de prorrogar mediante decreto el período de la señora Granera.
Por muy presidente que sea Ortega, no puede disponer sobre los asuntos del Estado según le venga en gana o se lo dicte su talante dictatorial. Por el contrario, el Presidente primero que ningún otro nicaragüense está obligado a actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esto es lo que ordena la Constitución en su artículo 150, al establecer como primera atribución del Presidente de la República: “Cumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplan”. Y para que no quede duda, el artículo 183 de la Constitución agrega que “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
Como hemos señalado en otra ocasión, si Daniel Ortega se siente cómodo con la señora Granera como jefa de la Policía y ella le está sirviendo muy bien para avanzar en su proyecto político y personal, perfectamente hubiera podido mantenerla en el cargo sin violar la Constitución y la Ley 228. Solo tenía que proponer una reforma del artículo 88 de la Ley de la Policía Nacional, que la bancada sandinista y sus complacientes asociados en la Asamblea Nacional hubieran aprobado rápidamente.
Sin embargo Ortega prefirió atropellar una vez más la Carta Magna, significativamente en la misma fecha que se celebra el Día de la Constitución, al prorrogar ilegalmente el período de Granera y convertirla en directora general de facto de la Policía de Nicaragua. Y sin duda que lo hizo así para satisfacer su ego de caudillo, para demostrar que maneja el Gobierno como quiere, no como mandan la Constitución y las leyes, y que no hay nada que lo pueda detener en su propósito de imponer una nueva dictadura.
Pero al menos con este burdo atropello a la Constitución y la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho, ha caído al suelo otra careta y se ha derrumbado otro ídolo con pies de barro, en este raro país donde según las encuestas los jefes de los cuerpos represivos tienen más aceptación que los líderes religiosos y son más admirados que los referentes morales de la sociedad.
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