Por Eduardo Enríquez
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura en contra del dictador libio, Muamar Gadafi, algunos de sus hijos y otros colaboradores, por considerar que han cometido crímenes de lesa humanidad y que es posible iniciar un proceso para determinar los hechos y establecer las responsabilidades del caso. Un paso importante en la lucha por la justicia y la erradicación de la impunidad, por la realización de crímenes internacionales.
Atrapar a Gadafi es un objetivo primordial para la rebelión. La cabeza de Gadafi tiene precio para quien lo capture: 1.7 millones de dólares. Los rebeldes lo quieren vivo o muerto, aunque han dicho en varias ocasiones que si se le atrapa tendrá un “juicio justo” en Libia.
Argelia, un país “neutral” desde el inicio del conflicto en Libia y acusado por los rebeldes de respaldar a Gadafi, está en posición cada vez más difícil frente al Consejo Nacional de Transición (CNT), tras la entrada a territorio argelino de familiares del dictador.
Respecto al tema, el profesor Kai Ambos, responde vía correo electrónico a LA PRENSA algunas preguntas sobre la situación del dictador Muamar Gadafi.
LP: ¿Libia debe cumplir con la orden de la Corte Penal Internacional de llevar a Muamar Gadafi a La Haya para procesarlo, independiente de que los libios quieran juzgarlo en su país?
No. Según el principio de complementariedad del Estatuto de Roma el Estado que tiene jurisdicción o sea el Estado territorial, en este caso Libia, tiene preferencia y puede investigar y juzgar los crímenes cometidos en su territorio. Solamente si este Estado no es capaz o le falta la voluntad de hacer justicia puede intervenir la Corte Penal Internacional (CPI).
LP: El presidente del país que acoja a Gadafi, ya sea Nicaragua, Venezuela, Argelia, Rusia o quien sea, ¿incurriría en algún delito por el cual también tendría que responder ante el tribunal internacional? ¿Cuáles serían sus responsabilidades?
Hay que diferenciar. Los estados partes del Estatuto de Roma tienen la obligación de cooperación con la CPI, en particular entregar personas buscadas por la CPI con base en una orden de arresto. Si no cumplen con esta obligación, cometen una violación del derecho internacional (un delito de derecho internacional) y por ello pueden ser sancionados. En el caso de los estados no partes, como Nicaragua, tal obligación solamente puede ser derivada de la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues esta obliga a todos los Estados miembros de la organización.
LP: ¿Cuál sería la trascendencia de un juicio a Gadafi y cuáles son los posibles delitos por los que lo juzgarían?
Sería el primer juicio a un exjefe de Estado ante la CPI. Sería juzgado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, muy probablemente a título de autor mediato.
LP: ¿Nicaragua no ha reconocido a la Corte Penal Internacional. ¿Qué le recomienda usted al Gobierno de Nicaragua?
El gobierno debe lo más pronto posible iniciar el proceso de ratificación del Estatuto. Queda aislado en América Latina, pues todos los países importantes han ratificado el Estatuto y la misma OEA ha recomendado su ratificación.
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